“Reconstruir el Estado de Derecho es cosa de los nicaragüenses”

«Hay un sentimiento de mucho dolor por todos los asesinatos. La mayoría eran estudiantes que estaban en las manifestaciones y que la policía los reprimió con balas de plomo. Nicaragua ha sido durante muchísimos años el país más pacífico de Centroamérica y no nos lo podemos permitir», recalca.

León es una bella ciudad colonial de unos 200.000 habitantes ubicada a menos de 100 kilómetros de la capital del país, Managua. Cabe matizar que las movilizaciones han tenido una fuerte presencia del colectivo estudiantil y, precisamente, este municipio cuenta con tradición universitaria. Sánchez relata que, en León, donde residió, ha habido protestas también que llevaron a que algunos edificios se incendiaran y a que un joven muriera. Uno de estos inmuebles acogía Radio Darío, medio «que el Gobierno calificó como opositor», mientras que el fuego se ha ligado «a fuerzas cercanas» al Ejecutivo, afirma.

Las clases de la universidad se encuentran suspendidas y la separación de ideas llega también al campus. La doctoranda explica que el lunes, cuando se pensaban reanudar las clases, hubo una manifestación espontánea de estudiantes que encontró réplica en otra movilización paralela de profesores que apoyaban al Gobierno y que portaban fotos de Ortega. Para Sánchez, esta imagen de los estudiantes protestando y los profesores apoyando al Gobierno ilustra la inexistencia de autonomía universitaria en el país.

Sin embargo, añade que en esta localidad la situación se vive «de una forma muy fuerte», ya que es una ciudad «históricamente sandinista», una de las primeras que fue liberada en el proceso revolucionario. «La gente en León hace una clara diferencia entre el sandinismo y el orteguismo», afirma. Para ella, las políticas del presidente se han caracterizado por mantener «una alianza fuerte con el empresariado; un modelo corporativista que no responde a los valores sandinistas», destaca. Por ello, asegura que Ortega «ha traicionado los valores y la revolución sandinista».

Aunque el protagonismo lo haya tomado el colectivo estudiantil, también participan otros movimientos como el del campesinado, organizaciones feministas u otras en pro de los derechos humanos. Todos ellos exigen «que se cree una comisión de la verdad y la justicia para investigar los asesinatos que ha habido en las protestas, los desaparecidos, las personas encarceladas y las amenazas», detalla. Igualmente, piden que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pueda investigar los hechos ocurridos y que cese la represión. «Si no hay un compromiso real del Gobierno de Daniel Ortega, estos movimientos han dicho que no se van a sentar a una mesa de diálogo», apostilla. En ese sentido, considera que «una muestra de confianza» pasaría por que no se convoquen «manifestaciones paralelas en los mismos lugares y a la misma hora». Para la estudiante, estas convocatorias no son «una muestra real de que el Gobierno quiere diálogo, es un mensaje que llama a la confrontación».

Explica que se hayan marcado unas condiciones no significa que exista un clima que buque más violencia: «Nadie quiere continuar confrontado ni que esto signifique más sangre», señala. Espera que el Gobierno acepte las condiciones para el diálogo, pero destaca que «no puede ser que la policía siga reprimiendo y que los muertos los ponga la gente pobre».

Por ello, hace un llamamiento a la solidaridad internacional. Recuerda que «muchos colectivos españoles» se solidarizaron con el país en los años ochenta, un hecho que en Nicaragua tienen «muy en cuenta». No obstante, a pesar de destacar la importancia de la solidaridad para «visibilizar el nivel de represión» y presionar a Ortega, afirma convencida que «reconstruir el Estado de Derecho en Nicaragua es cuestión de los nicaragüenses, sin intervención internacional».