Los rectores de las diferentes universidades españolas se mostraron ayer unidos y tajantes respecto a los «perjuicios» que la nueva Ley de Contratos del Sector Público está provocando en los campus, especialmente en los grupos de investigación. «Ha dejado al sistema universitario al borde del colapso», denunció la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), que celebró ayer en Cádiz su Asamblea General y a la que asistió el rector de la Universidad de Zaragoza, José Antonio Mayoral.

El colectivo, que incluyó en su orden del día abordar los problemas generados por la ley de contratos tras las críticas mostradas por los investigadores, pidió al Gobierno de España «que reflexione» sobre la situación y baraje «la posibilidad de aprobar una moratoria en la ley».

Además, CRUE se pondrá en contacto con el ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, de «forma inmediata» porque se trata de «un tema de extrema urgencia», según señalaron los rectores.

Incertidumbre / El presidente de la institución, Roberto Fernández, recordó que «las universidades no se niegan a que haya un control de su gestión», pero sí piden

«que se atienda a la singularidad universitaria y que se realice un estudio comparativo con otros países», dijo.

A la espera de la reacción por parte del Gobierno de España, en Aragón los grupos de investigación de la Universidad de Zaragoza siguen expectantes ante las posibles decisiones. Por el momento, el límite de gasto ha quedado establecido en 50.000 euros una vez que los Presupuestos Generales del Estado incluyeran una disposición para incrementar la cifra de 15.000 euros a 50.000. Sin embargo, la cifra sigue siendo insuficiente para los investigadores, que piden que se excluya de la ley a la comunidad científica.

El colectivo denunció esta semana que «prácticamente todos los proyectos» están paralizados por la ley. El propio Mayoral también denunció los problemas que la ley provocaba en el campus público, mientras que la consejera de Universidad del Gobierno de Aragón, Pilar Alegría, ha mostrado su «preocupación» en una carta a la ministra de Economía, Nadia Calviño.