Carlos vendió su piso de Zaragoza en el 2014, ya que por motivos de trabajo abandonó la ciudad y se trasladó a Barcelona. Su vivienda había sido adquirida diez años antes, en pleno boom inmobiliario. Cuando la puso a la venta, perdió 80.000 euros respecto a lo que le abonó cuando la compró. «Sabíamos que habían descendido los precios, y aunque puede parecer una mala venta, varios amigos constructores nos dijeron que, en el fondo, podíamos haber perdido incluso más dinero».
La sorpresa llegó cuando, poco después, tuvo que pagar por la plusvalía algo más de 5.000 euros. «Conocía el impuesto y pagué sin rechistar, aunque pensaba que era injusto y te quedas un poco mosqueado. Yo soy un gran defensor de lo público y, por tanto, de pagar impuestos que luego nos garantizan unos buenos servicios, pero pagar una plusvalía por algo que había perdido precio no me parece justo», indica. «Muchas veces pagamos ante la Administración por no pleitear o por puro desconocimiento, creemos que no merece la pena», señala Carlos, al que ahora la Justicia le ha dado la razón y condena al Ayuntamiento de Zaragoza a devolverle el importe de lo pagado por la plusvalía más los intereses legales.
Poco tiempo después de haber pagado los impuestos, en torno a abril de hace dos años, leyó la noticia a través de un boletín digital de que había varios recursos interpuestos para reclamar la devolución del impuesto en aquellos casos en los que quedaba acreditada la pérdida de valor del inmueble, era el caso de Carlos y su familia.
RECLAMACIONES
«Tras leer esas noticias, me animé a probar y me puse en contacto con el bufete de Santiago Palazón, que ha llevado mi caso y que aparecía en la noticia como el abogado que llevaba más casos. Hice cálculos y consideré que merecía la pena intentarlo. Si no prosperaba no perdía mucho dinero y si se me daba la razón, merecía la pena», indica Carlos, quien se atreve a ofrecer su testimonio en primera persona «si sirve para que muchas personas que han vivido esta situación injusta se animan a recurrir, porque he oído que hay casos terriblemente injustos en los que el pago de la plusvalía supone un auténtico desembolso para personas con dificultades por pagar por un inumeble que incluso pierde valor».
Los primeros recursos presentados no tuvieron éxito, ya que el consistorio los rechazó por vía administrativa. Fue entonces cuando el abogado que le llevaba el caso optó por la vía del contencioso, y ahí la cosa cambió. El juez falla a su favor, en una sentencia que es de las primeras en dar la razón al ciudadano, lo que puede provocar un efecto cascada, ya que hay numerosos recursos pendientes. Y más cuando el Supremo ha declarado ilegales varios artículos de la Ley de Haciendas Locales.
«Me ha resultado un trámite sencillo, que ha durado cerca de dos años sin que yo haya tenido que mediar, puesto que todo lo han hecho los abogados. No tenía mucha esperanza y como digo tampoco tenía mucho que perder si no salía bien, pero me alegra saber que se ha hecho Justicia y que se sienta un precedente», indica Carlos.
Insiste que su intención no es ir contra el ayuntamiento, ni cuestionar la política fiscal ni la manera de captar recursos que tienen las administraciones locales, sino defender algo que es justo y que afecta a muchos ciudadanos. «A raíz de mi caso, algunos amigos que están en una situación parecida se están animando a recurrir», señala.
