Un recurso ciudadano amenaza con levantar todas las restricciones y confinamientos por el covid en Aragón

Un recurso interpuesto en la Sala Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) el pasado jueves por ciudadanos de a pie, y no relacionados con los sectores afectados, solicitaba la suspensión cautelar del decreto del pasado 4 de noviembre que establecía todas esas restricciones y este órgano judicial, el mismo que hace solo unos meses le obligó a dar marcha atrás en otras restricciones, le ha dado de plazo hasta hoy a las 10.00 horas para alegar contra esta petición antes de pronunciarse.

Aunque al auto emitido el pasado viernes le acompañaba una providencia en la que aseguraba no tener claro si es el tribunal competente para hacerlo --la DGA tiene hasta el viernes para alegar también si cree que debe dirimirse la causa en otra instancia--, lo cierto es que si las cautelares prosperan, Aragón volverá a la total libertad de movimientos y los negocios, a ver cómo caen todas las limitaciones impuestas a su actividad desde hace casi un mes. Un sobresalto inesperado que obliga a trabajar a toda velocidad a los letrados del Ejecutivo que dirige el presidente Javier Lambán.

Lo más llamativo de este órdago a la grande es que la firma de este recurso en el TSJA lleva la firma de una decena de ciudadanos de a pie. Entre ellos, un panadero, un prejubilado de banca (de un puesto de alto nivel), una alta ejecutiva de una empresa instalada en Plaza, un ciudadano francés afincado en Aragón que trabaja como director comercial de una firma gala... Son parte de un grupo más numeroso, de unas 40 personas, que se pusieron de acuerdo a través de Telegram para echarle un pulso a la Administración a través del despacho del abogado Santiago Palazón.

Y más allá de si tienen razón unos u otros, adquiere mayor relevancia cómo se sucedieron los pasos dados por el tribunal una vez que se presenta el recurso. Cuando se registra, ese mismo día, la DGA había anunciado que levantaba el confinamiento perimetral de Zaragoza, Huesca y Teruel, las tres capitales aragonesas, pero mantenía el de la comunidad y las provincias. Todos ellos estaban en vigor hasta el día 30, es decir, hoy, y precisamente hoy el TSJA puede acabar tumbando los que mañana iban a seguir vigentes.

Este recurso pedía al juez la paralización de la aplicación del decreto con medidas cautelarísimas, y la respuesta fue inmediata: se denegó porque pedir anular un decreto de la DGA 20 días después de aprobarlo no denotaba tanta prisa como ahora ellos exigían. Pero también respondió a las medidas cautelares, que reclamaban lo mismo para una causa sobre la que, probablemente, tarde un año en dictar sentencia. Y no solo se admitía a trámite sino que le daba a la DGA un plazo más corto del que es habitual. En condiciones normales, el margen es de cinco días, pero esta vez tenía solo hasta hoy a las 10.00 horas. Pero además, para asegurarse de esa prontitud, la sala del TSJA no espera ni siquiera a que el sistema Avantius lo notifique de forma telemática, ya que lo habría hecho hoy, se hace vía correo electrónico y por fax. El Ejecutivo ya no podía alegar no haber recibido el auto.

¿Y por qué el lunes? Pues porque el Tribunal Supremo podría pronunciarse hoy sobre dos recursos muy similares llevados a los tribunales en Asturias y la Comunidad Valenciana, también por los confinamientos y restricciones. Este se reunió el pasado viernes para decidir qué órgano judicial debe dirimir estos casos, si él o los tribunales superiores de Justicia. Pero no ha trascendido su respuesta y también podría llegar hoy mismo. Y hay tanto en juego que no es de extrañar que la convocatoria para la prensa anunciada para hoy el pasado viernes, en la que se avanzó que se dirían nuevas medidas y restricciones para las próximas semanas en Aragón, tuviera que ver con todas estas resoluciones que, en el fondo, solo cuestionan si una comunidad autónoma puede adoptar medidas de este tipo, o debe hacerlo el Gobierno central y, si este delega, hacerlo dentro de la misma Administración, y de fondo también pone en duda la efectividad de las medidas de confinamiento y limitaciones de aforo y horarias.

Y es en esta parte en la que el Gobierno aragonés sí tiene precedentes próximos. El TSJA llegó a anular otro decreto anterior con restricciones a la hostelería porque la DGA no había consultado previamente a este órgano judicial como era preceptivo. Por eso, el Ejecutivo elaboró un decreto ley que le permitía crear un marco legal en el que todos sus decretos sean válidos. Y sortear el paso previo por el TSJA. Ahora, si el Supremo determina que este es el órgano que debe dirimir estos recursos, la pelota vuelve a estar en el tejado de quienes ya tumbaron las restricciones a la hostelería. Así que hoy puede pasar lo mismo, o esta vez no.