Aplazamientos, recursos y alegaciones continúan presidiendo la construcción de los dos hospitales de la provincia de Teruel a pesar de que las obras ni siquiera han comenzado. La demora dura años, aunque el Salud se ha comprometido a acometer los trabajos durante este año, aunque la primera piedra no estará puesta antes de las elecciones.
Los últimos movimientos contrarios a los procedimientos elegidos por la Administración para la edificación de los hospitales de Teruel y Alcañiz los han protagonizado el PSOE, que ayer recurrió judicialmente el modelo de concesión privada en la edificación del nuevo centro de Alcañiz, y Acciona, la empresa adjudicataria que renunció a construir el hospital de Teruel, que presentó alegaciones a la resolución del contrato por parte de la DGA.
El portavoz del PSOE en las Cortes de Aragón, Javier Sada, fue el que presentó el recurso judicial a la construcción del hospital de Alcañiz por el "endeudamiento" que supondrá para las arcas públicas y la "incertidumbre" en la gestión.
Los socialistas presentaron ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón un recurso por considerar que se "privatiza" la gestión de esta infraestructura. En concreto se trata de un "recurso especial" contra el anuncio de licitación de concesión de obras públicas del hospital contra la dirección gerencia del Salud. Con la interposición del recurso piden que se paralice "de manera provisional" la tramitación del expediente y por tanto no se formalice el contrato ni se comience su ejecución. El proceso contempla la presentación de ofertas hasta el próximo 9 de marzo.
Los socialistas recordaron que durante el periodo de exposición pública del estudio de viabilidad del proyecto se presentaron 11.000 alegaciones y 17.000 firmas recogidas a través de la plataforma en Defensa de los Servicios Públicos "que no han merecido contestación hasta el momento presente", recoge el texto.
GASTO
El recurso incluye que la construcción y gestión del hospital supone un gasto reconocido para el Gobierno de Aragón de 451.174.551 euros, que se abonarán entre los años 2018 y 2037 como "concesión a empresas privadas que gestionarán el hospital", que afrontarán un canon anual de 15,4 millones de euros por su utilización, así como 2,6 millones de euros por la prestación de servicios sanitarios externalizados.
Frente a este modelo, los socialistas apuntan que "se presentaron proyectos alternativos de gestión pública, que no han sido tenidos en cuenta por el Gobierno de Aragón", a pesar, dicen, de los "evidentes beneficios que ello conllevaría para los habitantes del Bajo Aragón" y para las arcas autonómicas.
Este modelo genera un "importante endeudamiento" según los socialistas, que auguran "importantes problemas" e "incertidumbre" en la gestión de los servicios y del personal dependiente del Salud.
Acciona, por su parte, presentó alegaciones a la resolución del contrato por parte de la DGA --el plazo habilitado para ello concluía ayer--. La constructora reclama una indemnización de 1,2 millones de euros por no haberse cumplido los plazos establecidos para la ejecución del proyecto. El Salud deberá contestar en los próximos días aunque Acciona entiende que "este asunto debería resolverse por esta vía", sin aclarar si acudirá o no a los tribunales en caso de que, como todo hace indicar, la Administración no estime sus alegaciones.
