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IMPUESTOS

La Red de Agua Pública anima a los alcaldes del Pirineo a manifestarse contra el ICA

 

La Red de Agua Pública de Aragón (RAPA) fue arropada por diversos representantes políticos, anteayer - EL PERIÓDICO

EFE
31/01/2018

La Red del Agua Pública de Aragón (RAPA) ha animado a los alcaldes de municipios del Pirineo a sumarse a la manifestación convocada para este domingo, 4 de febrero, en Zaragoza por la supresión del Impuesto de Contaminación de las Aguas (ICA) y no hacer caso de las "presiones" que, aseguran, están recibiendo.

RAPA ha denunciado en un comunicado que el Gobierno español envió a Aragón 140 millones de euros para construir las depuradoras del Pirineo, consideradas Obras de Interés General del Estado por estar situadas en zonas ambientalmente sensibles, y que, sin embargo, el ejecutivo autonómico, sin informar a los alcaldes, desvió esos fondos para hacer "clientelismo rural" por la comunidad.

Critica además que el Gobierno de Aragón había decidido privatizar la gestión de aguas, empezando por las depuradoras, bajo el pretexto de que los ayuntamientos no tenían fondos, cuando tenían esos 140 millones, pero "al reventar la burbuja" el Ejecutivo se apresuró a licitar las depuradoras para cobrar a los vecinos el ICA, aunque éstas no estuvieran construidas.

La Red de Agua Pública denuncia también que el Gobierno aragonés "engañó" a los alcaldes con un convenio perverso en el que cedían sus competencias, pero no su responsabilidad, con lo que, además de pagar el ICA, los pueblos tienen que pagar el máximo canon de vertido a la Confederación Hidrográfica del Ebro por no depurar.

Para colmo, añaden, el Ministerio, que debería haber vigilado que el gobierno autonómico construyera las depuradoras con los 140 millones, acaba imponiendo multas a los ayuntamientos por no tener construidas esas depuradoras.

Ante estas "injusticias" y "clamorosa estafa" a los vecinos del Pirineo, RAPA exige que se suprima el pago del ICA en los pueblos que no dispongan de depuradora o que se rescindan los contratos incumplidos por las empresas exigiéndoles, como daños y perjuicios, lo pagado hasta la fecha de ICA y de canon de vertido.

También que en caso de que no se gane el pago de esos daños y perjuicios, el Gobierno de Aragón los cubra y que el Ministerio suprima las multas y que si eso no ocurriera las pague la DGA como responsable directo del desvío de esos fondos.

Apuntan también que el Gobierno de Aragón tiene que restituir la pérdida patrimonial que supuso para los Ayuntamientos el desvío de esos fondos, mediante un plan plurianual que permita construir las depuradoras, y devolver sus competencias a los Ayuntamientos que lo soliciten.

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