El titular del Juzgado de Instrucción número 11 de Zaragoza, Luis Fernando Ariste, investiga una presunta trama de fraude a la Seguridad Social orquestada por un matrimonio marroquí, Zakia K. E. O. y Lahcen O., que habría causado un perjuicio a las arcas públicas cercano a los 100.000 euros.
Según la investigación policial, las diez empresas pantalla creadas por los empresarios habrían empleado a 59 personas, de las cuales solo cuatro pudieron ser localizadas y ofrecieron un testimonio "creíble" sobre su tarea. El juzgado imputó inicialmente al matrimonio y a 14 empleados, aunque la lista va creciendo a medida que los agentes localizan al resto. Según fuentes próximas al caso, los presuntos cabecillas de la trama permanecen en paradero desconocido.
La investigación de la Unidad Contra las Redes de Inmigración y las Falsedades documentales (UCRIF) del Cuerpo Nacional de Policía comenzó a principios del 2011, a raíz de una denuncia de la delegación de la Tesorería General de la Seguridad Social en Zaragoza. Sus responsables detectaron actividad sospechosa en varias empresas, principalmente dedicadas a la limpieza y la jardinería, creadas por el citado matrimonio.
Las empresas compartían domicilio social en un piso de Vía Hispanidad, en Zaragoza, que aparentemente el matrimonio ni siquiera ocupó. No había carteles identificativos de las mercantiles, nadie contestaba a los teléfonos y ni siquiera en el contrato de arrendamiento figuraban los empresarios. Los vecinos tampoco recordaban haberles visto por allí.
El único posible vínculo era que uno de los inquilinos compartía apellido con el matrimonio, pero la Policía no pudo acreditar que realmente fueran familia.
BAZAR
La Policía mantiene desde el 2011 un protocolo especial contra este tipo de redes, que suscriben falsos contratos con trabajadores a cambio de una cantidad económica para que estos completen el tiempo necesario para percibir el paro, o bien consigan permisos de residencia al tener empleo. La mecánica se correspondía, indiciariamente, con lo que descubrieron de estas empresas.
Los contratos suscritos por estas empresas, establecidas entre el 2011 y el 2012, llegaron a ser 59, correspondientes a las empresas Diamont Verde, Asala, Limpiesol, Mondial Event, Verona, Sara, Aya, Zizala, Atlas Mundial y Bellamarte. Solo en estas última, cuyo objeto social era la exportación de prendas de vestir, la venta de telefonía, la gestión de locutorios y el transporte, trabajaron cuatro personas cuyos testimonios fueron verosímiles para los trabajadores.
De hecho, las condiciones laborales que describieron estaban cercanas a la explotación. Dos de ellos ni siquiera recordaban los que cobraban, pero otro afirmó que cobró 345 euros por un mes de trabajo, de 10.00 a 22.00 horas --con hora y media para comer--, como dependiente en un bazar-locutorio de la calle Barcelona. Otro de los trabajadores declaró haber percibido 88 euros por cuatro días de trabajo en el mismo local, de 9.00 a 17.00 horas. En esta misma empresa, donde fueron inscritos 35 trabajadores, figuraban 15 con residencia en Tarragona.
Los trabajadores que han declarado hasta ahora han mantenido ante el juez que sus empleos, aunque efímeros, fueron reales. Afirman que les contrataban para limpiar casas o arreglar jardines. Policialmente les imputaban delitos de falsedad documental y estafa, aunque el juez inicialmente solo ha mantenido el primero. Las empresas generaron presuntamente un fraude de 64.000 euros a la Seguridad Social, y dejaron una deuda de otros 32.000.
