La reordenación del sector público aragonés ha permitido generar unos ahorros de 8,33 millones de euros desde el 2010, al pasar de 121 entidades ese mismo año hasta contabilizar 94 en el 2016. Se trata de casi 30 organismos menos, aunque casi la totalidad del adelgazamiento que ha sufrido la administración procede de la creación de Sarga con la fusión de otros entes como Sirasa y Sodemasa.
Así se desprende de un documento elaborado por la Cámara de Cuentas sobre la reestructuración del sector público de Aragón en el marco de un informe coordinado por el Tribunal de Cuentas, con la participación de todas las comunidades autónomas. El objetivo de este informe era evaluar el grado de cumplimiento del Acuerdo Marco sobre Sostenibilidad de las finanzas públicas aprobado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera en 2010. El desplome de la economía como consecuencia de la crisis generó unos desajustes en las cuentas públicas, lo que obligó a actuar e implementar medidas de ahorro en las administraciones públicas.
Del análisis de los distintos documentos que Aragón ha ido comunicando al Ministerio de Hacienda se desprende que ha cumplido en un 87 % sus previsiones. iniciales. En ese periodo, entre el 2010 y el 2016, el Gobierno de Aragón dio de baja a 27 entes dependientes, principalmente, sociedades mercantiles, entre ellas, el Consorcio Sanitario de Alta Resolución (Casar), cuya actividad se ha integrado en el Servicio Aragonés de Salud.
Las áreas funcionales más afectadas por la bajas han sido las englobadas en actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento; Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca y Actividades administrativas y servicios auxiliares, si bien muchas de sus funciones se han seguido realizando por otras entidades de la administración aragonesa.
Además del ahorro de 8,33 millones, otros efectos económicos de la reestructuración del sector público aragonés fueron un gasto de 3,09 millones por indemnizaciones al personal y otros gastos; 1,85 millones de ingresos por venta de participaciones y otros ingresos; una reducción del personal en 121 efectivos, cuyo coste anual ascendía a 4,25 millones; y el incremento patrimonial de 49,3 millones en las entidades receptoras.
VALOR PATRIMONIAL
En relación con este último dato, el análisis de la Cámara de Cuentas concluye que si se toman en consideración las cuentas anuales consolidadas del grupo CEPA (Corporación Pública Empresarial de Aragón), las operaciones de reestructuración efectuadas no han generado ninguna variación patrimonial destacable.
La Cámara de Cuentas de Aragón considera que el proceso de reordenación del sector público aragonés entre 2010 y 2016 ha permitido simplificar el mapa de entidades.
