A pesar de llevar cuatro años de retraso «díficilmente» habrá un nuevo modelo de financiación autonómica esta legislatura. O al menos así lo reconoció ayer la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, durante un acto celebrado en Murcia. La dirigente socialista confió, sin embargo, en que en el grupo de trabajo creado sobre suficiencia financiera «se pueda avanzar en puntos de encuentro».

Batet aseguró que es «consciente» de que el cambio de modelo de financiación «es muy necesario», sobre todo por el enorme retraso acumulado y la situación de agravio comparativo en la que están sumidas algunas de las comunidades de régimen común al no poder afrontar los servicios públicos que ofrecen. «Este no es un problema de los últimos meses, sino estructural, y se arrastra desde hace mucho tiempo», dijo.

A pesar de los compromisos anunciados por el nuevo Ejecutivo socialista, los avances en la materia quedan limitados, según la ministra, al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), del que se esperan varias reuniones antes del final de año. Allí participan todas las comunidades autónomas y se espera que se pueda «ir avanzando para que en un futuro no muy lejano, en la siguiente legislatura, acometer el modelo de financiación».

Desde Aragón se reclama que el futuro reparto de fondos estatales tenga en cuenta la situación demográfica de la comunidad. Para intentar que este criterio sea tenido en cuenta se ha trabajado en una alianza con Asturias, Galicia, Castilla y León, La Rioja y Castilla-La Mancha, en la misma situación, y se podría celebrar una nueva reunión después del verano.

servicios públicos / El futuro modelo de financiación, ahora retrasado nuevamente, debería garantizar la prestación de los servicios públicos con criterios de equidad con independencia de la capacidad tributaria de cada comunidad, es decir, atendiendo a las necesidades de gasto real y no a la capacidad fiscal. Un ejemplo recurrente sobre esta realidad se encuentra en el hecho de que en las zonas con una media de edad superior a los 65 años el gasto farmacéutico se dispara en los presupuestos públicos. Y en Aragón este segmento supone un 21% de la población frente al 18,6% de la media estatal.

Esta idea es respaldada por todos los grupos políticos en las Cortes gracias a un informe conjunto firmado durante el pasado periodo de sesiones.