La dispersión geográfica y demografía de Huesca han convertido al territorio en un caso particular a la hora de aplicar la nueva Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que afectará a 201 de los 202 municipios de la provincia (todos salvo la capital). Para la aplicación de la reforma, después de su entrada en vigor el pasado 31 de octubre, "las Cortes de Aragón tendrán que mediar" de forma que se reconozcan "las singularidades recogidas en el Estatuto de Autonomía", según señaló ayer el doctor en Derecho Rafael Jiménez Asensio, que impartió una jornada de trabajo dirigida a los técnicos de la Diputación Provincial de Huesca (DPZ).
Los municipios de menos de 20.000 habitantes deberán cumplir los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera o, en el caso contrario, habrán de aprobar un plan económico que implicará "dejar de prestar los servicios mínimos obligatorios, como el alumbrado público o la limpieza viaria", según apuntó Jiménez.
Para el doctor en Derecho, es una ley con impacto en los ciudadanos, porque "los ayuntamientos que no cumplan un objetivo de déficit dejarán de gestionar los servicios impropios, aquellos como guarderías o escuelas de música, y los obligatorios", excepto cuando se justifique un coste menor al que se prestaría por la diputación, la comarca o los consorcios.
