El Comité Europeo de las Regiones (CdR) dio ayer un «espaldarazo» a la las demandas impulsadas por Aragón de ayudas comunitarias para la transición energética, con especial atención a las zonas despobladas, donde los efectos económicos y sociales del abandono de la minería del carbón y el cierre de centrales térmicas puede resultar especialmente grave. Esta es la lectura que hicieron ayer desde el Gobierno de Aragón después de que el CdR aprobase solicitar a las instituciones europeas y los Estados miembros que el nuevo presupuesto comunitario para 2021-2027 destine 4.800 millones de euros a facilitar la transición hacia un modelo energético verde en las regiones dependientes del carbón.
El organismo también apoyó subir el límite permitido de ayudas públicas para los proyectos relacionados con la transición energética en las regiones económicamente dependientes del carbón.
El dictamen con estas dos propuestas, en el que Aragón introdujo en total 11 enmiendas, se ha aprobó en la reunión en Bucarest, en el marco de la presidencia rumana de la Unión Europea (UE) que termina este mes, y que debe ser refrendado en la sesión plenaria que este órgano consultivo de la Unión celebrará en octubre.
Al igual que Aragón, se beneficiarían de estas medidas las regiones españolas de Asturias, Castilla y León, Castilla La Mancha y el País Vasco. En la presentación de la propuesta se recordó que actualmente hay 41 regiones mineras en 12 países de la UE, donde el sector del carbón proporciona aproximadamente 240.000 puestos de trabajo directo; 185.000 en la minería del carbón y 55.000 en las centrales térmicas. Asimismo, se estima que genera otros 215.000 empleos de forma indirecta.
Las once enmiendas impulsadas por Aragón, la mitad en cooperación con Asturias, inciden fundamentalmente en la necesidad de tener en cuenta los graves efectos económicos y sociales que la transición energética puede tener en todas aquellas zonas mineras que padecen además el problema de la despoblación (que en la comunidad afecta especialmente a la provincia de Teruel).
El documento, plantea redoblar la inversión en las zonas mineras «para mitigar los aspectos sociales y económicos negativos» de este cambio de modelo y se apuesta por la contribución de estas regiones al desarrollo de nuevas energías limpias. Algo que, indicaron desde la DGA, ya se está haciendo en Aragón con el respaldo a los proyectos de energías renovables y otros proyectos alternativos.
