Comisiones Obreras ha entregado en el registro del Gobierno de Aragón más de 6.000 alegaciones de empleados públicos a los presupuestos generales del Estado y de la comunidad para exigir empleo, recuperación de condiciones laborales y negociación colectiva.
Esos son los tres ejes sobre los que giran las reclamaciones de los empleados del sector público, según ha explicado a los medios el secretario general de CCOO en Aragón, Julián Buey, quien ha denunciado que el sector público es uno de los "más vapuleados" por parte de la administración, lo que está teniendo múltiples consecuencias para los empleados y para el conjunto de la sociedad.
Según Buey, las administraciones no están apostando por el empleo público, dado que no está habiendo unas tasas de reposición "mínimamente aceptables".
Además, ha aseverado que tampoco se apuesta por unas condiciones de vida "dignas" de los empleados del sector público porque se les está "laminando derechos" y quitando "del bolsillo" salario.
En opinión de Buey, es "una situación insostenible" que también está redundando en un peor servicio para la ciudadanía, además de que la propia disminución del poder adquisitivo de los trabajadores del sector público influye directamente en la demanda, sobre todo de las pequeñas y medianas empresas, que por tanto no están en disposición de crear empleo.
Buey ha insistido en que si es cierto que la economía está repuntando eso "debería ir directamente a las personas" que trabajan en el sector público, que luego suponen "un tirón" para el conjunto de la sociedad, y en que el Gobierno central y el autonómico harían bien en escuchar las alegaciones, reflejándolo en los presupuestos.
