La ITV de los edificios antiguos de Zaragoza que el ayuntamiento ha puesto en marcha para luchar contra el deterioro urbanístico va a crear un registro municipal de información pública que posibilitará a cualquier ciudadano conocer la situación de seguridad en la que se encuentra un inmueble o vivienda de la capital. Una información que se ampliará conforme avance la Inspección Técnica de Edificios, cuyo plazo comenzó el 1 de enero, y que, para el 2010, contará con los datos de la totalidad del parque inmobiliario de más de 50 años de antigüedad. Es decir, más de 60.000 viviendas que ofrecerán al ciudadano que lo desee, por ejemplo ante una compraventa, una garantía de calidad.
Los primeros que integrarán este registro serán los incluidos en la primera fase de la ITV , es decir, los inmuebles de La Magdalena y San Pablo construidos hace más de 60 años. Un conjunto de aproximadamente mil edificios, con más de 6.000 viviendas, que tienen dos años de plazo --a partir del 1 de enero-- para corregir las deficiencias y presentar el informe favorable realizado por un profesional competente y visado por un colegio.
La premura no parece, sin embargo, afectar ni a comunidades de vecinos, ni al propio ayuntamiento. Hasta el momento, no se tiene constancia de ningún bloque que haya iniciado los trámites obligatorios. Y el propio consistorio está a la espera de iniciar una inminente campaña de publicidad o información directa al ciudadano o a los sectores más afectados, como pueden ser, por ejemplo, los administradores de fincas.
TARIFAS DE REFERENCIA Urbanismo mantendrá en breve una reunión con representantes de los colegios profesionales (arquitectos, aparejadores e ingenieros) para fijar las tarifas de referencia que se cobrarán por realizar esta inspección, "que intentaremos sean las más bajas", asegura el teniente de alcalde Antonio Gaspar. Y es que cada comunidad de vecinos es la que encargará de contratar a un técnico responsable para que realice la visita. Y las tarifas de estos profesionales son libres. No obstante, existe un importante volumen urbanístico del Casco que el propio consistorio ha rehabilitado.
El ayuntamiento tiene previsto agilizar todos los trámites de las ayudas económicas a esta inspección, cuyas subvenciones pueden ser de hasta el 80% de la factura total.
El nuevo registro evitará en pocos años el deterioro general del casco urbano de Zaragoza, no sólo en el ámbito urbanístico, sino fundamentalmente en el social, ya que consolidará tanto la población como el bienestar de los barrios. A estos beneficios se suma la "garantía de la seguridad física de las personas", afirma Antonio Gaspar, recordando algunos casos recientes de derrumbe con resultado de víctimas mortales. Accidentes que con esta nueva norma se quieren evitar para siempre, de ahí que, una vez se efectúe la primera inspección obligatoria, las siguientes se harán cada diez años.
El incumplimiento de esta normativa supondrá sanciones de 600 euros (100.000 pesetas), que podrán emitirse hasta en tres ocasiones. A partir de aquí, el ayuntamiento actuará por ejecución subsidiaria, notificando a los propietarios tanto el importe como el colegiado asignado para realizar el trabajo.
LA OPINION DEL ARQUITECTO Jesús Marco, presidente del Colegio de Arquitectos, advierte sobre la responsabilidad. "Si el edificio se encuentra en buen estado no habrá dificultades, y el precio de la inspección será asumible. Pero cuando aparezcan patologías ocultas, fisuras en la fachada, en la escalera o una cubierta en mal estado, el profesional deberá indagar. Y, ¿qué pasa si una lesión no es detectada?"
Los arquitectos aseguran que el ayuntamiento ha dejado en sus manos el diagnóstico de los edificios de la ciudad. "Lo que va a pagar la comunidad de vecinos será la responsabilidad que contraiga el profesional al firmar un documento de inspección", añade Marco. Antonio Gaspar, por su parte, destacó la colaboración continua con los colegios profesionales para elaborar tanto el informe que debe rellenar el técnico contratado como la ficha que cumplimentará la comunidad.
