El Registro de la Propiedad, dependiente del Ministerio de Justicia, justificó ayer el cobro en Aragón de 10,46 euros, IVA incluido, por cada nota que expide para el registro de la Vivienda Protegida (VPO) por tratarse de un certificado que acredita que el solicitante carece de propiedades inmobiliarias en toda España, y poder así atajar un posible fraude.

"El honorario para este tipo de notas viene impuesto por el Gobierno. Pero tampoco creemos que sea muy alto, ya que el trabajo, aunque no se vea, es costoso debido al proceso de generación que conlleva, y que incluye la solicitud de información sobre una misma persona a los 900 registros que existen en España", explicaron ayer desde el registro de la plaza Mariano Arregui de Zaragoza.

En concreto, este registro ha expedido diariamente alrededor de 300 certificados para el registro de la Vivienda de Protección Oficial (VPO) abierto por el Gobierno de Aragón el pasado 24 de mayo. "En total, llevamos unas 6.600 solicitudes formalizadas, por lo que hemos ingresado 59.400 euros", aseguraron.

Esta sede centraliza la mayoría de las peticiones del certificado de propiedades inmobiliarias de quienes aspiran a optar a una VPO en Aragón, y que suman 15.378, entre las ya formalizadas y las que están en proceso pero que cumplen con todos los requisitos. Sólo en la provincia de Zaragoza, según la DGA, ya se han inscrito más de 9.000 personas, y otras 5.000 están finalizando los trámites obligatorios, entre ellos la obtención, en cualquier registro de la propiedad, de esta nota.

Sin embargo, tal y como publicó ayer este diario, las críticas ciudadanas surgen por sentirse engañados al comprobar que tienen que pagar por una nota del Registro de la Propiedad cuando la DGA les aseguró que la inscripción era gratuita. El Registro de la Propiedad ingresará en Aragón más de 160.853 euros de los más de 15.000 solicitantes de VPO que se inscribirán en la DGA.

"El Gobierno aragonés podría dictar una orden declarando, por ejemplo, estas solicitudes como exentas del pago del IVA", añaden algunos expertos. Sin embargo, desde la DGA rechazan cualquier tipo de subvención para este pago obligatorio.