Los casi 56.000 funcionarios del Gobierno de Aragón volverán al 100% al trabajo desde este lunes, tras una semana en la que la reincorporación tras la pandemia ya ha alcanzado el 90%, según el director general de Salud Pública, Esteban del Ruste. Lo harán en su propia nueva normalidad que pasa no solo por las medidas de seguridad y distancia propias, sino por el teletrabajo, acelerado a marchas forzadas desde apenas una experiencia piloto hace tres años, y por una generalización de la cita previa en la atención al ciudadano que hasta hace apenas unos meses se restringía a un puñado de departamentos.
El trabajo no ha parado durante el confinamiento, pero la paralización de los plazos administrativos para muchas tramitaciones, sobre todo las ayudas, ha minimizado los problemas para el ciudadano, coinciden sindicatos y la propia Administración. Salvo en cuestiones como los ERTE, pese a los refuerzos. La atención se ha seguido proporcionando vía telemática y telefónica (unas 800 consultas durante la pandemia, según fuentes de la DGA, y sin excesivas quejas, según Del Ruste), pero el problema se avecina con la plena reincorporación y la reactivación de los plazos. ¿Dará abasto el sistema de cita previa para sustituir a las colas de toda la vida?
Nadie pone en duda las bondades del sistema, que permite a los funcionarios tener una agenda ordenada, mantener la atención presencial con las medidas de seguridad pertinentes y al ciudadano le asegura ir a tiro hecho a la gestión, si bien le exige cierta anticipación al solicitarla que no siempre está en su mano. La cuestión es si habrá personal e infraestructura suficiente para atenderla, algo que CSIF y CCOO ponen en duda, sin más refuerzos.
Este último, según explica Francisco José González, secretario general de la sección sindical de la DGA, reclama además una campaña informativa sobre el sistema, al estilo de las que se hicieron cuando se trasladó la actividad a la Ciudad de la Justicia o los Servicios Sociales a la plaza del Pilar, en Zaragoza. Los ciudadanos seguirán acudiendo a entregar documentación presencialmente si no lo saben (así sucedía por ejemplo este viernes en el Pignatelli), y temen conflictos cuando les digan que tienen que pedir cita y volver. «Y no en todos los centros de trabajo hay guardias de seguridad», recordaba González.
Fuentes del Ejecutivo indicaron que ha habido refuerzos de personal en información, y las instrucciones vienen detalladas en la web (www.aragon.es), pero en cualquier caso no descartan una campaña en redes sociales para este fin.
PLAN CUESTIONADO
La vuelta al trabajo ha pasado por un plan de Función Pública en el que Riesgos Laborales y Salud han analizado, con los responsables del área y los sindicatos, los requerimientos de seguridad generales y específicos de cada puesto, como ha defendido Del Ruste en reiteradas ocasiones en sus comparecencias.
Un plan que los sindicatos están revisando, y que, para Antono Herrera, secretario de la sección autonómica de Empleados Públicos de UGT, está funcionando «razonablemente bien». No lo ve así José Carlos Pardillos, responsable sindical de CSIF en la DGA, para quien, «sobre el papel, estaba bien reglado», pero no así en su aplicación.
Según explica, hay muchos «mandos intermedios» que no han seguido el protocolo y obligan a la vuelta sin medidas de protección adecuadas. y la DGA les ha reconocido que no tienen medios para inspeccionarlo todo. Los propios equipos de riesgos laborales y salud se han visto desbordados, con dos personas para analizar 30.000 puestos. González, de CCOO, confirma que han planteado diversas denuncias en este sentido, y también considera que el teletrabajo no se está aplicando correctamente.
El próximo conflicto podría llegar si, como se rumorea, el Gobierno de Aragón no considera obligatoria la mascarilla en el puesto.
