La rehabilitación integral del Palacio de del Conde de Morata, sede el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), podría acometerse en una única etapa o bien por fases y su coste podría rondar los 11,8 millones de euros, según las estimaciones recogidas en el Plan Director que se ha presentado hoy.

No obstante, el consejero de Presidencia del Gobierno de Aragón, Vicente Guillén, ha resaltado a los medios de comunicación que será el proyecto básico que se realice una vez licitado el Plan que determinará el coste que tendrá esta intervención y el tiempo en que se ejecutará, por lo que ha insistido en que hoy debía de ser "prudente" porque no disponía de estos datos.

Guillén y el presidente del TSJA, Manuel Bellido, han atendido a los medios antes de la reunión celebrada en este inmueble renacentista del siglo XVI en el que se ha presentado el Plan Director para su rehabilitación después de que se hayan invertido en esta legislatura 208.000 euros para la mejora de las cubiertas y el alero.

El objetivo del Gobierno de Aragón, según Guillén, es iniciar la rehabilitación integral de este edificio, que tiene "gran interés arquitectónico, histórico y cultural", que persigue contar con las mejores infraestructuras "para que el entramado de Justicia pueda realizar sus funciones en las mejores condiciones posibles".

Y por ello ha recordado la actuación llevada a cabo ya en las techumbres y una segunda intervención, por importe de 180.000 euros, recogida en los Presupuestos de este año para realizar trabajos de saneamiento y consolidación.

"A partir de allí la siguiente decisión es la elaboración del proyecto básico", una vez licitado el Plan Director, ha insistido.

Un documento que propone dos escenarios diferenciados para acometer la rehabilitación de este inmueble, declarado Bien de Interés Cultural (BIC), ya sea en una única etapa o bien dividida en cuatro fases, una para cada una de las alas o volúmenes que conforman el Palacio.

En cualquiera de las dos alternativas, el coste final aproximado es de unos 11,8 millones de euros, según la documentación aportada por el Gobierno de Aragón.

En el caso de que se optara por la realización de los trabajos de forma global, el inmueble debería quedar vacío de ocupantes y sería necesario el traslado de las 95 personas que trabajan en su sede, mientras que si se hiciera por fases se permitiría el uso continuado del edificio y el mantenimiento del principal equipamiento judicial aragonés.

En sus declaraciones, Bellido ha destacado la importancia de este edificio tanto por ser "patrimonio de los aragoneses", como por el hecho de que albergue en su interior el TSJA y la Fiscalía Superior, lo que requiere que tenga "la mayor eficiencia para la administración de justicia", ha dicho.

"Los edificios como éstos se mantienen bien si se usan", ha enfatizado, por lo que ha agregado que lo primero que hay que plantearse es "el mantenimiento básico", para lo que ya se acometió la restauración de las cubiertas y se va a iniciar, ha recordado, el plan de saneamiento.

Después habrá que hacer un proyecto "adecuado, que sea razonable y sensato, de mejora y para el mejor aprovechamiento de los espacios", ha recalcado.

Bellido ha reconocido que en la actualidad la labor de las 95 personas que trabajan en el edificio se puede desarrollar "sin problema", aunque podría hacerse mejor si se remodelaran espacios.