El Gobierno de Aragón ha flexibilizado los requisitos y ha aumentado las cuantías mínimas de la prestación por cuidados a dependientes en el entorno familiar.

Esta medida, que sale hoy publicada en el Boletín Oficial de Aragón (BOA), aumenta el importe mínimo de las prestaciones de 15,30 a 44,33 euros para dependientes de grado 1, de 26,88 a 82,84 en el grado 2 y de 38,76 a 177,86 euros en el grado 3, ha explicado en rueda de prensa el gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), Joaquín Santos.

Santos ha recordado que el Gobierno de España recortó las condiciones de acceso a estas prestaciones y endureció los requisitos, algo que el anterior Ejecutivo aragonés traspuso de forma rigurosa.

Esta orden incluye también la gratuidad de la teleasistencia para todas las personas que tengan reconocida la dependencia y una nueva prestación vinculada al servicio para centros de día.

Además, hasta ahora se exigía que el cuidador estuviera empadronado en el mismo domicilio que la persona atendida, algo que ha sido modificado por un compromiso por escrito de atención durante una serie de horas y que el asistente no viva a más de 40 kilómetros de distancia.

Joaquín Santos ha aprovechado también para hacer balance de la actividad del IASS en los primeros dos años de legislatura del Gobierno PSOE-CHA, en los que ha atendido a 75.000 personas de forma directa e indirecta con 2.868 empleados, lo que lo convierte en la cuarta empresa aragonesa en número de trabajadores.

Ha reivindicado también que el IASS cuenta con un 21 por ciento más de presupuesto esta legislatura hasta llegar a los 366 millones de euros previstos para este año, el máximo histórico.

Ello ha quedado reflejado en los convenios de colaboración con las entidades locales, que han pasado de una dotación de 10 millones de euros en 2015 a los 30 actuales.

En cuanto a las más de 200 entidades sociales que cuentan con apoyo económico del IASS, han pasado a recibir 5,5 millones de euros en subvenciones, dos más que en la anterior legislatura.

Asimismo, actualmente hay 23.699 personas atendidas en aplicación de la Ley de Dependencia, 7.000 más que hace dos años, con una incorporación que no ha dejado de crecer hasta llegar a 15 nuevos dependientes diario en el primer semestre de 2017.

En lo relativo al Ingreso Aragonés de Inserción (IAI), ha destacado que el mayor incremento de solicitudes se dio en 2016, cuando pasó de 5.400 a 7.700, mientras que para este año prevén alrededor de 10.500, por lo que se moderaría la subida.

El gerente del IASS ha considerado que este aumento tiene mucho que ver con la evolución a la baja de la cobertura por desempleo y, a su juicio, deja en evidencia la falta de políticas al respecto del Gobierno central.

En discapacidad, ha apuntado que se han incrementado en un 16 por ciento las plazas residenciales concertadas, en un 9 por ciento en los centros de día, en un 15 por ciento en los centros ocupacionales y en un 14 por ciento las de atención temprana para niños en dificultades, así como un aumento de más de un 27 por ciento en atención residencial a personas mayores con nuevos servicios.

En materia de menores, ha señalado que actualmente hay 1.130 atendidos, un 7 por ciento más, mientras que las plazas residenciales han aumentado un 10 por ciento, acabando así con la lista de espera, al igual que las del programa de transición a la vida independiente.

También han mejorado las cifras en intervenciones extrajudiciales -un 20 por ciento- y en la captación de familias de acogida para niños bajo tutela de la DGA, que han pasado de 45 a 86.

A la hora de valorar los datos, Santos ha reconocido que el volumen de prestaciones en el ámbito familiar es muy elevado en Aragón y, en este sentido, se está reduciendo, pero ha dejado claro que a veces son las familias las que optan por este modelo y es algo que hay que respetar.

Sobre la financiación de la dependencia, ha señalado que los usuarios están aportando actualmente en torno al 13 por ciento del coste, el Estado entre un 14 y un 15 por ciento y el resto, lo asume el Gobierno de Aragón, cuando la ley estipula que ambas administraciones deben aportar lo mismo y que los usuarios deberán participar.

Por último, ha asegurado que, si se aplicara la ley en su rigor, entre 12.000 y 13.000 personas no podrían ser atendidas en Aragón.