Las religiosas de la Congregación de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, titular de la residencia de ancianos de Teruel intervenida por el Gobierno de Aragón y en la que han sido detectados dos almacenes con alimentos en mal estado (situación que ha sido denunciada ante la Fiscalía), han reconocido en un comunicado la existencia de esta comida. Aunque afirman que estaba "lista para ser retirada" y que no se destinaba "en ningún caso a la alimentación de los residentes", ya que, según indican "se comprobaba la caducidad antes de preparar la alimentación diaria". Así, las responsables de la residencia, en la que se han producido un gran número de incidencias por la pandemia del covid-19, aseguran que nunca se ha producido "intoxicación alimentaria en el centro, ni se ha ofrecido a los residentes alimentos que no estuvieran en condiciones legales de consumo".

En su documento indican, además, que la congregación "no estuvo presente en el momento de la inspección ni pudo hacer alegaciones en el desarrollo de la misma, por lo que se ha impugnado en las vías correspondientes" y quieren hacer constar que el 17 de abril de 2020 se realizó una inspección de Sanidad "sin reparo alguno".

Sin embargo, esta no es la única cuestión polémica en la que se han visto envueltas las responsables de este centro de mayores, pues al comienzo de la crisis sanitaria sus trabajadores denunciaron que no se les había permitido usar los equipos de protección individual de los que disponen. El Gobierno de Aragón aseguró que fue porque los tenían almacenados, según detectaron tras la intervención del centro, algo que las religiosas niegan categóricamente. "Nuestro centro de mayores lleva intervenido por la Administración (IASS), formalmente desde el 1 de abril del 2020, pero sanitariamente desde el 21 de marzo del 2020. Por tanto, toda la gestión y la responsabilidad del centro desde esa fecha corresponde al IASS, a la directora allí desplazada, y a los equipos de salud pública, incluido todo lo referente a la entrega de Equipos de Protección Individual; tanto de los adquiridos por la congregación al inicio del periodo de alarma como los que eventualmente mandara el Gobierno de Aragón", alegan.

En su comunicado, debido a la inquietud que se ha producido entre los familiares por las informaciones publicadas en prensa, también tratan de aclarar la fuga a Zaragoza de dos religiosas contagiadas de coronavirus, a pesar de que la movilidad provincial está restringida. Reconocen el traslado "para su mejor cuidado y atención (vistos los antecedentes de falta de cuidado a las hermanas de la comunidad durante los dos meses anteriores)" aunque precisan que lo hicieron cumpliendo garantías sanitarias y "pensando erróneamente que en tales condiciones era un traslado permitido". De esta forma consideran que no se puso en riesgo la salud de ningún usuario y que acudieron al centro de Gea de Albarracín de forma voluntaria tras advertir al IASS de la situación.

Para terminar, las religiosas denuncian una "campaña de falsedades y acoso" por lo que se reservan "todas las acciones legales que procedan contra los responsables, en defensa de nuestra honorabilidad, de nuestra trayectoria intachable y centenaria en Teruel; así como del de las hermanitas de la congregación, que han dado su vida para el bien y cuidado de los mayores".