Empieza el otoño político y el de una legislatura que ya ha agotado la mayor parte de su acción política. De hecho, este será prácticamente el último trimestre en el que las Cortes, que en este periodo ha batido récords de actividad, tanto de impulso legislativo como de control a la acción de Gobierno.

El Gobierno autonómico se jacta de haber cumplido con el 76% de su plan de gobierno, y eleva al 91% el cumplimiento de sus objetivos estratégicos. Estos eran 147 y aseguran que el 56% ya se han realizado y está en plena fase de ejecución el 41%. Solo un 3%, asegura, están sin cumplir.

A pesar de ese elevado cumplimiento, hay asuntos pendientes que elevarán la temperatura del curso político y servirán también para intuir los futuros acercamientos y distanciamientos de cara a los pactos futuros tras las elecciones de mayo del próximo año. En concreto, dos de las leyes más ambiciosas y que formaban parte del reclamo al inicio de la legislatura corren más que riesgo de quedarse en el tintero. En concreto, la de Función Pública y la de renta básica. La falta de acuerdo para sacar adelante especialmente esta última tensará la relación con su socio preferente, Podemos, quien ha apoyado todos los presupuestos de la legislatura y volverá a negociar los de la próxima.

De hecho, Javier Lambán ha insistido que su voluntad es continuar pactando sus políticas con sus aliados en principio naturales; esto es Podemos, CHA e IU. Sin embargo, ha generado recelo en estos partidos --y también en algunos miembros de su propio Gobierno y partido-- la rapidez con la que se puso de acuerdo con Ciudadanos y el PAR (y muy cerca de las demandas del PP) para rebajar el impuesto de Sucesiones, después de una amplia contestación social que también se tuvo en cuenta para modificar este impuesto. El impuesto de Sucesiones ocupó prácticamente todo el año pasado la estrategia de oposición política de los partidos conservadores, satisfechos ahora con la reforma de un impuesto tramitada de forma exprés. Neutralizada parte de la estrategia política de la oposición, queda pendiente una reforma del Impuesto de Contaminación sobre las Aguas que también mantiene separados ahora mismo al PSOE con Podemos.

Los cambios de liderazgo tanto en el PSOE como en el PP a nivel nacional también sumen a ambos partidos en una nueva forma de relacionarse con ellos y, por ende, también eso será decisivo a la hora de enfocar el próximo semestre, el último antes de que todos los partidos se enfrasquen en los preparativos de una campaña electoral que se presenta aún plagada de incógnitas. Habrá que ver qué efectos, y si estos son beneficiosos o negativos, tienen precisamente esos cambios de liderazgo. Si el PSOE es capaz de rentabilizar su acción de Gobierno, tanto a nivel autonómico como estatal y si el viraje a posiciones más conservadoras emprendido por Pablo Casado satisface al tradicional electorado popular. Mientras, Ciudadanos --que ha experimentado un notable incremento de afiliación e implantación territorial-- y Podemos (o su coalición con IU y otros movimientos políticos y sociales) se enfrentarán a su primer examen para saber si consolidan su presencia institucional en la comunidad autónoma o por el contrario pierden apoyos electorales. En cualquier caso, se presenta una pugna competida y reñida en la que la búsqueda de los espacios políticos será fundamental. Es decir, no todos tienen hueco a la izquierda o a la derecha y posicionarse en ambas es uno de los desafíos a los que se enfrentan y así se podrá ver en los debates parlamentarios de este periodo.

El debate territorial también salpicará y contaminará el debate político aragonés. Con un aragonesismo representado por CHA y PAR aparentemente atemperado en los últimos tiempos, un presidente aragonés que ha endurecido su posición ante el independentismo y un PP y Cs que tienen en este asunto una cuestión capital, enturbiará la acción política también en Aragón.