El Departamento de Medio Ambiente del Gobierno aragonés remitió ayer al ministerio fiscal de Huesca el caso de la caza ilegal de dos sarrios denunciado el mes pasado en la reserva Viñemala-Panticosa, en el que están implicados un comandante de la Guardia Civil destinado en Ciudad Real y un exvigilante del Parque Nacional de Ordesa, además de otros dos cazadores domiciliados también en Ciudad Real. Se trata del primer expediente al que se aplicará, en Aragón, las reformas introducidas en el Código Penal el 1 de octubre, y que incluyen penas de cárcel.

El estudio detallado de los hechos por parte de los servicios jurídicos de la DGA habrían hallado indicios de delito en el comportamiento de los cuatro implicados, aunque será la propia Fiscalía la que estudiará a partir de ahora si abre o no los trámites judiciales.

Los cuatro afectados fueron cogidos in fraganti por un Agente de Protección de la Naturaleza (APN) con una cabeza y un ejemplar completo de sarrio, y carecían de cualquier permiso de caza sobre esta especie protegida en el Parque Nacional de Ordesa, aunque sí del coto de caza de Fanlo.

Los denunciados son H. U. V., actual tercer jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Ciudad Real, y máximo responsable durante años del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) en Ciudad Real; J. L. C. G, que hacía cuatro días había finalizado su contrato temporal de vigilancia en Ordesa; H. R. M. y A. C. V. G. La denuncia la interpuso el Seprona.

En el caso de que el ministerio fiscal decida iniciar los trámites judiciales, se paralizaría el expediente administrativo que también se puso en marcha, y que consistirá en una sanción económica que, como máximo, será de 3.000 euros. El endurecimiento de las multas para los furtivos que el Departamento de Medio Ambiente ha anunciado que aprobará este mes, dentro de la modificación de la Ley de Caza, no tiene carácter retroactivo, por lo que no afectará a estos cuatro cazadores. Esta nueva normativa establecerá multas económicas de hasta 60.000 euros por pieza protegida.

LAS PENAS En cuanto a las penas a las que los cuatro implicados se enfrentarían según el nuevo Código Penal, si al final son juzgados, oscila de cuatro meses a dos años de prisión, además de dos a cuatro años de inhabilitación para cazar especies amenazadas.

Respecto al comandante de la Guardia Civil destinado en Ciudad Real e implicado en la caza ilegal, la delegación de la Asociación Unificada de Guardias Civiles de Ciudad Real reclamó, tras conocer los hechos, al Ministerio de Interior la suspensión cautelar en sus funciones mientras no resuelva la presunta infracción cometida.