El Ayuntamiento de Huesca ha empezado a trabajar en las alternativas a la espera de que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón se pronuncie sobre la suspensión cautelar de la resolución del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (Tacpa). En esta situación pueden darse escenarios como la elaboración de un pliego para el supuesto de que haya que sacar a licitación el servicio de limpieza viaria.

Así lo dieron a conocer ayer los concejales Luis Arduña y José María Romance en una rueda de prensa donde explicaron que esta es una de las medidas que se contemplan en un decreto de alcaldía publicado el pasado viernes.

Este documento recoge esa necesidad además de la ampliación de la encomienda de gestión durante seis meses a Grhusa para que no se interrumpa el servicio mientras se tramita administrativamente. Estas medidas han sido explicadas a los sindicatos en una reunión y a los trabajadores tanto municipales como de la empresa Grhusa.

Por otro lado, se suspende asimismo la segunda fase del proceso de remunicipalización que comenzaba el 1 de enero del 2018 y, por lo tanto, no se llevará adelante el plan de empleo pactado entre los representantes de los trabajadores y el Ayuntamiento de Huesca para su recolocación en otras áreas y servicios.

Estos 20 trabajadores mantienen sus condiciones actuales en el servicio de limpieza viaria. Si la resolución fuese favorable podrán ser reubicados, pero esa decisión no podrá tomarse hasta que el TSJA dicte sentencia sobre el fondo de la cuestión, para lo que se calcula un plazo de tres a cinco años.

VOLUNTAD DEMOCRÁTICA

El ayuntamiento se anticipa así a los posibles escenarios que podrían plantearse, tanto si el TSJA suspende el acuerdo del Tacpa que anulaba la encomienda como si no lo hace. En este sentido, el concejal de Personas y Organización, José María Romance, explicó que se dejará claro que «la voluntad política sigue siendo la misma, es decir, que el servicio es mucho mejor para la ciudad desde lo público».

El concejal de Remunicipalización, Luis Arduña, espera, por su parte, que el tribunal competente se pronuncie sobre la suspensión antes del 31 de diciembre. Destacó que si la respuesta fuera negativa supondría que «una decisión administrativa que no es firme doblegará la voluntad democrática expresada por el pleno municipal, pudiendo suceder que dentro de tres o cinco años diese finalmente la razón al ayuntamiento».