Renfe ha propuesto al Ayuntamiento de Zaragoza bifurcar la carretera de Cogullada en el punto en el que confluye con el ramal ferroviario de La Montañanesa. La compañía está dispuesta a hacerse cargo de la construcción de los dos puentes necesarios para salvar las vías y continuar así con la ejecución del proyecto del ramal que unirá la empresa del barrio de Montañana con la línea de Barcelona, ahora paralizado en ese punto.

El consistorio zaragozano frenó en marzo las obras de construcción de la vía a la altura de la carretera porque Renfe pretendía levantar un puente de cinco metros de ancho, con el que se condenaba el proyecto de desdoblamiento que prevé impulsar el ayuntamiento.

La nueva propuesta de Renfe ha sido vista con buenos ojos por el teniente de alcalde de Infraestructuras, Ricardo Berdié, quien aseguró que se aceptará "mientras no perturbe las futuras actuaciones previstas en el entorno, como el enlace del cuarto cinturón". Durante esta semana se ha trabajado para ultimar algunos puntos técnicos del proyecto, entre ellos, la altura definitiva del puente o el sistema de desagüe.

El alcalde de San Juan de Mozarrifar, Rafael Esteban, también mostró su satisfacción con la bifurcación de la calzada. No obstante, sostuvo que hubiese sido "preferible" no tener que recurrir a dos puentes sino a uno único de doce metros de anchura.

Mientras el consistorio piensa en aceptar la propuesta de Renfe para poder seguir ejecutando las obras del ramal ferroviario, los propietarios de los terrenos expropiados para acometerlas rechazaron la actitud del ayuntamiento. "Sabiendo que el expediente está en los tribunales desde hace tres años, no entendemos cómo el ayuntamiento puede pensar en dar el visto bueno para que Renfe siga construyendo ilegalmente un ramal que carece de interés público y que sólo se rige por los intereses privados de una empresa, La Montañanesa", denunció Enrique Sánchez, uno de los agricultores expropiados por el Ministerio de Fomento para acometer la obra.

En su opinión, "lo lógico sería que el ayuntamiento ralentizara su consentimiento porque está favoreciendo la creación de una línea que los tribunales pueden echar atrás en cualquier momento".