Las residencias de Aragón, tanto públicas como privadas, van a tener que regular a partir de ahora sus modelos de gestión de la prestación farmacéutica a sus usuarios después de que Boletín Oficial de Aragón (BOA) publicara ayer el decreto que da luz verde a esta medida. El objetivo es lograr un ahorro anual en facturas de farmacia, uno de los principales problemas detectados en la Administración por la Cámara de Cuentas. Hasta ahora, cada centro residencial tenía libertad para ejercer este tipo de gestión y, en general, llegaban a acuerdos privados con farmacias concretas para que les suministraran los medicamentos.
Ahora, la normativa establece unos límites en función del número de plazas. Así, los centros de cien o más camas deberán disponer de un servicio de farmacia propio, a cuyo frente se situará un farmacéutico especialista. Si esta opción no fuera viable, tendrán que contar con un depósito de medicamentos vinculado a un servicio de farmacia de un hospital público, de modo que la prestación farmacéutica se realizará por parte de la unidad de farmacia de dicho centro.
Por su parte, en el caso de las residencias de menos de cien camas deberán tener un centro de medicamentos vinculado a una oficina de farmacia de Aragón. Esta será seleccionada, según fuentes del Departamento de Sanidad, a través de un concurso convocado por la Dirección General de Asistencia Sanitaria.
En dicho proceso se seleccionarán entre las boticas más próximas a las residencias aquellas que demuestren «una mayor experiencia en atención farmacéutica y que por tanto puedan garantizar la realización de distintas actuaciones farmacoterapéuticas para prestar una óptima atención a los residentes», según las mismas fuentes.
En Aragón, con una población envejecida y dispersa, se ha producido en los últimos años un aumento de los usuarios de centros sociales con necesidades de atención farmacéutica, que han incrementado el gasto en este ámbito, debido al envejecimiento y la aparición de nuevas patologías y su consiguiente cronificación.
TRES MESES
La nueva norma afectará a un total de 147 centros en Aragón y, para su adaptación, el decreto establece un plazo de tres meses para solicitar el depósito o el servicio propio de farmacia, en el caso de las residencias de más de 100 plazas.
Asimismo, en un plazo de seis meses se convocará el concurso para escoger la farmacia de referencia, en el caso de los centros de menos de 100 plazas. También se da la circunstancia de que hay residencias que tienen ya servicio propio y, en este caso, la normativa dice que adoptarán los mecanismos necesarios.
Dado el elevado número de residencias que se ubican en la provincia de Zaragoza, se creará para su cobertura un Servicio de Farmacia de Centros de Asistencia Social en Zaragoza, mientras que en Teruel y Huesca el suministro podrá realizarse desde los hospitales provinciales.
El Ejecutivo autonómico quiere con esta medida, además de generar un ahorro de entre 5,3 y los 11 millones de euros, garantizar una prestación de calidad, evitando efectos adversos o interacciones en pacientes que están polimedicados.
