La revuelta de la práctica totalidad de las comunidades autónomas (ya sean gobernadas por el PP, el PSOE u otras formaciones) por la liquidación del IVA del 2017 llegará hoy a la mesa del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en forma, sobre todo, de múltiples amenazas de llevar a Hacienda a los tribunales para exigir un total de 2.500 millones de euros.

Entre ellas la de Aragón, cuyo presidente, Javier Lambán, ha reiterado que acudirá a los tribunales si el Gobierno informa de manera taxativa y oficial de que no va a devolver los 80 millones que se adeudan a la comunidad. Una comunicación que podría producirse hoy. Al menos, el consejero de Hacienda de la DGA, Carlos Pérez Anadón, lo reclamará «por activa y por pasiva», según fuentes del departamento. Y también confía en que comience a tratarse la reforma de la financiación autonómica, en una reunión que se prevé larga y a la que acude con el director general de Presupuestos y su jefa de gabinete.

Posturas

Además de Aragón, la Generalitat de Cataluña ya presentó un recurso, en agosto pasado, para reclamar los 443 millones que tiene pendientes del 2017. También Madrid. Galicia, Andalucía y Murcia (todas ellas del PP) han acordado llevar sus exigencias a los tribunales. Castilla-La Mancha (PSOE) ya ha puesto en marcha el recurso y Castilla y León (PP) no lo descarta, lo mismo que Baleares y Asturias (PSOE). Desde el gobierno de La Rioja (PSOE) se aboga por reivindicar el IVA desde el «diálogo» frente a la vía judicial. Lo mismo que Extremadura que, en función de la respuesta que dé la ministra en el CPFF, optará «por la vía jurídica oportuna», en la línea de lo que defiende Aragón. Cantabria (PRC) también se mantiene a la expectativa, mientras que el presidente valenciano, Ximo Puig (PSOE), se muestra seguro de que Sánchez «va a cumplir sus compromisos».

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha venido haciendo caso omiso de los anuncios de recursos. «Soy una roca para las amenazas» declaró el miércoles en Antena 3. También se mostró refractaria a la urgencia que exigen los gobiernos autonómicos para recibir las cantidades pendientes, con el argumento de que el desfase se corregirá en el momento en el que el Gobierno pueda aprobar unos nuevos Presupuestos del Estado para el 2020. No obstante, la propia Montero acabó admitiendo que llevará a la reunión del CPFF «medidas paliativas» para corregir de alguna forma (no en su totalidad, aclaran fuentes oficiales) las tensiones de tesorería provocadas por este desfase.

«No estamos para sedación ni para controlar los síntomas, lo que queremos es que nos curen la enfermedad que nos deben», advirtió ayer el vicepresidente y portavoz del Gobierno de Castilla y León, Francisco Igea (Ciudadanos).

El vicepresidente y consejero de Economía Generalitat catalana, Pere Aragonès, ya avanzó que no acudirá a la cita de hoy del CPFF. En representación irá la Secretaria de Economía, Natalia Mas.

Estos días, la ministra no ha dejado de reiterar que el desfase de un mes en la liquidación del IVA a las comunidades autónomas es un problema que generó su antecesor en el cargo, Cristóbal Montoro (PP), cuando implantó el nuevo sistema de Suministro Inmediato de Información (SII) del IVA para grandes empresas que entró en vigor en julio del 2017. El cambio provocó que la recaudación del IVA que se ingresaba en diciembre de 2017 se trasladara en términos de caja a enero del año siguiente, 2018. De esta forma, la liquidación del ejercicio 2017, que se realizó a los dos años, en 2019, fue solo de once meses. Y desde entonces se arrastra este desfase de un mes.

Según la ministra, el problema pudo haber quedado resuelto el año pasado, si hubiera salido adelante el proyecto de Presupuestos del Estado para el 2019 que tumbó el Congreso de los Diputados en febrero pasado. Desde el PP se intuye que Hacienda podría estar haciendo uso de este argumento para forzar mayores apoyos a favor del proyecto de Presupuestos para el 2020.

Pese al protagonismo de este asunto, el anunciado objetivo de la reunión es informar sobre los nuevos objetivos de déficit y deuda hasta el 2023.

Azcón también exige la deuda

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, reclamará el próximo lunes en la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL) el pago de la deuda del 700 millones de euros del Estado a los municipios españoles por el impago del IVA adeudado.

Según informaron fuentes municipales, Azcón reclamó este miércoles al Ministerio de Política Territorial y Función Pública la convocatoria de esta comisión para hablar de la deuda contraída por el Estado con las entidades locales y también abordar la financiación local.

El primer edil de la capital aragonesa valoró de manera positiva la decisión del departamento ministerial de atender su petición de convocatoria, ya que, a su juicio, «hubiera sido incomprensible que si el Ministerio atiende las reclamaciones similares de las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, no escuchase las demandas de los municipios en el foro adecuado para hacerlo».

Azcón ha destacado que el Ayuntamiento de Zaragoza defenderá, «con el máximo interés y rigor lo que es de justicia», en referencia al pago por parte del Ministerio de Hacienda de las cantidades adeudadas por el tributo del IVA.

En su opinión, «son cantidades que pertenecen a los vecinos de Zaragoza» y que necesita la ciudad «para poder financiar servicios e inversiones».

Mientras que este miércoles Azcón se sumó al rifirrafe por el IVA asegurando que también está dispueto a recurrir a la vía jidicial si fuera necesario para cobrar las cantidades adeudadas por el Estado, ayer reconoció que «lo ideal es que alcancemos un acuerdo para cobrarlas». Aunque siguió esgrimiendo el argumento de la judicialización para exigir el pago de la deuda.

En el orden del día de la Comisión Nacional de Administración Local del próximo lunes, 10 de febrero, se abordarán, además de la deuda y de la financiación local, la propuesta del Ministerio de Hacienda de objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para las entidades locales para el periodo comprendido hasta el 2023.