La comarca de la Ribagorza (Huesca) ha anunciado su disposición a devolver competencias al Gobierno aragonés si no se alcanzan acuerdos en un plazo de tres meses, a través de convenios, que permita al territorio disponer de una financiación "justa" para la prestación de servicios.

Cerca de una treintena alcaldes y consejeros comarcales de la Ribagorza, incluidos representantes del PAR y PP, han aprobado una propuesta presentada por el presidente de la institución, José Franch (PSOE), en la que denuncian un "claro y continuado" descenso de las aportaciones de la Administración autónoma a la comarca para la prestación de servicios básicos transferidos.

En este texto, al que ha tenido acceso hoy EFE, se critica la reducción en un 44,17 por ciento de las aportaciones autonómicas desde 2009 y la demora en el pago de las mismas, lo que "arrastra" a la hacienda de la comarca a un "sistemático incumplimiento" de los pagos a proveedores y a tener que hacer frente a intereses de demora.

La propuesta señala, además, que las transferencias a las comarcas deben realizarse en función de "módulos objetivos" relativos a la población, superficie, número de núcleos habitados y nivel de calidad de los servicios.

Con esta afirmación, los responsables de la comarca quieren evidenciar la dispersión territorial y bajo índice poblacional de la comarca, lo que encarece, según aseguran, la prestación de los servicios básicos.

Tras subrayar que todos los aragoneses "tienen derecho a acceder a los servicios públicos esenciales sin discriminación por razón de su residencia", la comarca reclama una "justa financiación" de las comarcas.

Para establecer esta financiación consideran que debe realizarse "ponderando las transferencias en función de la efectiva prestación de servicios y su nivel de calidad, la baja demografía y la dispersión geográfica, evitando así agravios entre las comarcas que prestan más servicios a los ciudadanos y las que no los prestan".

Los responsables comarcales exigen al Gobierno aragonés "puntualidad" en el pago de las transferencias a fin de que la comarca pueda cumplir con los objetivos de estabilidad financiera y dar cumplimiento al precepto legal de pago en plazo a sus proveedores.

Muestran además su disposición a exigir al Ejecutivo regional a que asuma de nuevo estas transferencias, "en el caso de que no se alcancen acuerdos en el plazo de tres meses para la suscripción de convenios que garanticen una financiación justa de estos servicios".