La relación entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza no ha sido buena durante estos cuatro años y la legislatura va a terminar exactamente igual. Ayer se repitió un episodio más de esos en los que ambas instituciones se culpan mutuamente para justifica que no se sientan a negociar. Mientras el concejal de Economía, Fernando Rivarés, acusó a la DGA de decidir «unilateralmente» que no se iba a convocar la bilateral, el consejero de Presidencia, Vicente Guillén, dijo que era el Gobierno de Pedro Santisteve el que no quería hablar sobre el polémico Impuesto de Contaminación de las Aguas (ICA).
Rivarés hizo balance ayer de los logros alcanzados en su concejalía, como la reducción de una deuda que alcanzó los «mil millones» en el 2015, el aumento de las partidas destinadas a los servicios públicos, la recuperación de la capacidad inversora del consistrio y la salida del plan de ajuste, lo que permite que le ayuntamiento pueda pedir créditos bancarios. En su análisis no pudo evitar cargar contra el consejero de Economía, Fernando Gimeno, que solo ha autorizado el pago de 8,9 millones de la deuda del tranvía, de los 30 que debe. Como recordó Rivarés, es la cantidad que Gimeno reclamó estando al frente de las cuentas públicas en el consistorio. Le acusó de adoptar una «actitud militante de prejuicios» que provocaron la ruptura total de las conversaciones con la DGA.
Con quien sí mantiene contacto es con Guillén, quien ayer dijo que la bilateral no se convocará porque el consistorio no quiere hablar del ICA. Todo lo contrario de lo que afirmó Rivarés, que aseguró que propusieron al Gobierno de Lambán negociar una mejora del impuesto en el marco de esta reunión y supieron «por los medios» que no se iba a producir.
