El Ayuntamiento de Zaragoza cerró el 2016 dentro de los límites impuestos por el Estado central. «Cumplimos los niveles de morosidad, de estabilidad presupuestaria y tenemos un remanente de tesorería de 17 millones que tenemos que destinar a a amortizar deuda y pagar facturas. ¿Por qué no lo puedo gastar en la ciudad cuando hay necesidades?», cuestiona el responsable de Economía, Fernando Rivarés.

La capital aragonesa lidera la rebelión en contra de la Ley Montoro por una sencilla razón: es «absurdo y rocambolesco que el Estado no nos deje gastar nuestro dinero». El concejal asegura que «no se pone en tela de juicio» que las entidades locales tengan que cumplir con unos parámetros sobre estabilidad, que pagen en tiempo a los proveedores y que no puedan superar un nivel de endeudamiento. La discusión, añade, surge cuando se aplica la obligatoriedad de la regla de gasto a pesar de que hay «muchos ayuntamientos que cumplen con estas condiciones». «Ningún país de Europa tiene una regla de gasto tan restrictiva. Es que están obligando a los consistorios a tener el remanente en depósitos bancarios en lugar de invertirlos en la ciudad», lamenta.

EXCLUSIÓN

Para el concejal, el cálculo de la regla de gasto no es justo. Según explica, Zaragoza la rompió en el 2015 porque tuvo que hacer frente a 40 millones de deuda correspondientes a sentencias del pasado que le obligó a diseñar un plan económico financiero con repercusiones para la ciudad, como la imposibilidad de captar nueva deuda para invertir. «Se generó una caída en cascada de fallos no previstos que teníamos la obligatoriedad de cumplir, como pasará este año. Este hace que sí o sí aumente el gasto, porque tenemos que pagarlas», explica para añadir que se deberían excluirse determinadas cuestiones, como las sentencias que recaen en un ejercicio y son obligaciones de otros, o, por ejemplo, las ejecuciones subsidiarias. «Si no fuera por las sentencias en los cajones no correríamos el peligro de incumplir la regla de gasto», asegura.

Según Rivarés, tampoco debería computar como gasto la ampliación de capital de las sociedades municipales. Es lo que pasó con Zaragoza Alta Velocidad (ZAV). «O lo hacíamos o la empresa entraba en disolución», puntualizó.

Modificar sus condiciones es «voluntad política del Gobierno» ya que es el Estado central el que hacer un interpretación sobre su aplicación, que califica de «gravosa».

Las consecuencias serían «muchas y muy positivas» para la ciudad, sostiene, ya que «permitiría mejorar los servicios públicos». «Esto es de sentido común económico y en lugar de hacerlo coartando la libertad de los ayuntamientos», denuncia. Según Rivarés, gracias al superávit de los consistorios se está compensando el déficit de las comunidades autónomas y el Estado.

Por ahora, Zaragoza sigue sometido al plan económico financiero después de que el Gobierno de la ciudad no consiguiera los votos a favor para salir del mismo.