La presidenta de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, ha descartado hoy cualquier riesgo de separatismo en su comunidad y se ha mostrado partidaria de una reforma constitucional basada en una voluntad genuina de consenso y en el informe de 2006 del Consejo de Estado que proponía el cierre del estado autonómico.
Rudi, que ha protagonizado hoy un desayuno informativo de Europa Press en Madrid, ha asegurado que los aragoneses se sienten "muy responsables y muy satisfechos" de su contribución en el pasado a la construcción de España y "muy protagonistas" de la Transición y de la España de hoy.
Ha criticado que quienes han creado el problema en Cataluña quieran ahora buscar una salida, en la que ha advertido no debe estar involucrada la Corona, y ha dicho no a una hipotética solución que pase por romper la igualdad y la solidaridad entre los españoles y por el federalismo asimétrico.
"¿Por qué Cataluña deber tener un tratamiento especial y privilegiado?", ha preguntado y ha instado a los responsables de la Generalitat a tener sentido común, si no se celebra la consulta del 9 de noviembre, y a no seguir avanzando por "un camino que no lleva a ninguna parte".
Rudi considera que "a veces, hay quien pretende ocultar un problema de partido o de gobierno creando un problema de Estado" y, en este sentido, ha insistido en la necesidad de evitar reformas que responda a esa razón, como, según ha dicho, está ocurriendo ahora.
La presidenta aragonesa se ha negado a una reforma constitucional que obedezca a la exigencia de un chantaje, que pretenda instaurar la desigualdad y que excluya a la mayoría de los españoles.
En su opinión, lo primero que necesita una modificación "de fondo" de la Constitución es voluntad de consenso "y no tengo la impresión de que exista hoy en España".
"Si se salvaran todas estas objeciones y se abriera un verdadero proceso de reforma, con genuina voluntad de consenso..., muchos -y yo la primera- tendríamos interés en participar abiertamente", ha afirmado y, para ello, ha propuesto como base el informe elaborado por el Consejo de Estado en 2006.
