La Asociación Salvar el Archivo de Salamanca ha anunciado la próxima presentación de una demanda judicial para recuperar «400.000 documentos de la guerra civil española que están ilegalmente retenidos por la Generalitat de Cataluña, muchos de ellos aragoneses».

Así lo explicó ayer Policarpo Sánchez, responsable de la entidad salmantina que lucha por la devolución de los documentos con el fin de integrarlos al Archivo General de la Guerra Civil Española, ubicada en la capital castellana.

Sánchez subrayó que la demanda está basada en la necesidad de hacer cumplir anteriores sentencias que obligaban a las autoridades catalanas a entregar los escritos solicitados, que cubren los años de la contienda civil.

El presidente de Salvar el Archivo de Salamanca insistió en que una parte importante de esos documentos reclamados tienen que ver con Aragón, con las zonas que tardaron más en caer en poder del bando sublevado.

«Hay papeles de todo tipo, desde los que hablan del reparto de comida y mantas a la población civil a los que abordan importantes decisiones estratégicas sobre la forma de conducir las ofensivas», explicó Sánchez. «En el caso de la ciudad de Caspe, todos los papeles concernientes a la guerra civil se encuentran en Barcelona», agregó.

Un largo pleito

En Aragón, una entidad de memoria histórica vinculada a la localidad bajoaragonesa de Mas de las Matas. Grupo de Estudios Masinos, ha mostrado su voluntad de recuperar miles de papeles de su zona que obran en los archivos de la guerra civil que regenta la Consejería de Cultura de la Generalitat.

El historiador aragonés Julián Casanova, especializado en temas de la guerra civil, señaló ayer que, durante años, solicitó que se procediera a la digitalización de los documentos relativos Aragón que diseminados no solo en el archivo de Barcelona, sino también en Ámsterdam. Pero su petición, basada en criterios de funcionalidad archivística, al margen de la polémica política, no han dado resultado.

Casanova explicó que, durante la guerra, las tropas franquistas fueron incautando los papeles en Aragón, muchas veces de partidos republicanos y comités revolucionarios, con fines represivos y de persecución política.

Esa masa ingente de documentos se ordenó, en función de las provincias donde fueron intervenidos, en carpetas o áreas geográficas bajo los epígrafes de Barcelona, Castellón, Vizcaya y Alicante.

Polémica reavivada

Casanova y su equipo han consultado en numerosas ocasiones esos documentos en el curso de sus investigaciones, de ahí que preconice su digitalización, lo que permitiría acceder a la información que encierran independientemente de su ubicación.

Las instituciones aragonesas se han mantenido hasta la fecha al margen de esta disputa técnica con profundas connotaciones políticas. Solo los pleitos ganados en el monasterio de Sijena y la diócesis de Barbastro, en torno al arte sacro retenido en Cataluña, ha reavivado la polémica sobre los papeles de la guerra civil.