La delicada situación financiera de Arento, en julio del 2018, se vio agravada por la salida de varios socios del grupo cooperativo que aceleraron la quiebra del gigante agroalimentario aragonés, aunque por entonces la sociedad ya estaba herida de muerte. La gestión irregular y opaca llevada a cabo entre los años 2007 y 2018 dejó deudas con los acreedores por casi 100 millones de euros, pero la inyección de 4 millones, procedente de la ampliación de capital acordada por el Consejo Rector de Arento, supuso un «respiro» porque «permitió reestructurar y ordenar la deuda, otorgando garantías hipotecarias sobre los principales activos de las empresas del grupo». Además, inyectó un «ligero aumento de la financiación de circulante», apunta el informe del administrador concursal de Arento al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ARAGÓN.

Sin embargo, no se realizó el desembolso total porque «una parte importante de las cooperativas socias dejaron de apoyar al proyecto» y se dieron de baja del grupo, dejando de realizar las aportaciones que les correspondían para sufragar las deudas de la sociedad matriz. Esta fuga -todavía hay pendiente de abonar 2,1 millones de euros por parte de algunos socios— «redujo al máximo la entrega de producto con la consiguiente bajada del volumen de actividad», subraya la administración concursal en su informe de 15 de octubre del 2020, que incide en este aspecto, entre otros, a la hora de valorar las causas de la insolvencia del gigante agroalimentario.

Efecto dominó

Por tanto, la gravedad de la situación financiera de Arento fue a más si cabe al darse de baja algunas sociedades cooperativas de forma que apenas quedaron 40 vinculadas con el gigante agroalimentario cuando unos años atrás se contabilizaban más de 100 y unos meses antes se rozaban las 80. Este déficit de financiación y el aumento de la masa acreedora llevó a Bantierra, en marzo del 2020, a interrumpir la financiación de operaciones comerciales habituales, lo que provocó el «colapso» financiero. Bantierra --actual Caja Rural de Aragón-- es el principal acreedor de Arento, con más de 37 millones de euros. Desde ese momento, la actividad del grupo (en cárnica, harineras y semoleras) se desplomó. Y Arento entró en caída libre con la solicitud del concurso de acreedores y la liquidación de la sociedad. La muerte de Arento, por tanto, fue el resultado de una concatenación de acontecimientos, un efecto dominó casi inevitable. El comienzo del fin tiene entre sus desencadenantes «las importantes inversiones en activos que se financiaron principalmente con deuda bancaria y con unos plazos de desembolso no ajustados al nivel de generación de flujos del grupo», apunta la administración concursal en su informe de octubre pasado.

Inversiones fallidas

Entre estas grandes inversiones destacan las instalaciones de Arento Industrias Cárnicas en Mercazaragoza (sala de despiece y elaborados) y las fábricas de sémolas y harinas en Daroca y Tauste a través de las sociedades Lozano y Sémolas Cinco Villas. Estas adquisiciones supusieron un incremento del inmovilizado inmaterial, incorporado al balance en el ejercicio del 2017, de casi 21 millones de euros. Pero semejante desembolso e inversiones «en ningún momento cumplieron con las expectativas ni con los planes de negocio diseñados», subraya el informe. El patrimonio neto de Arento ya era negativo en 2017 (-9,6 millones) y en el 2018 (-17,1 millones).

En conclusión, y según detalla la administración concursal en una de sus más claras conclusiones, «la ausencia de rentabilidad y, por ende, de viabilidad, cuyas pérdidas en algunos casos tuvieron que ajustarse en ejercicios posteriores a los que efectivamente se incurrieron, junto con el elevado endeudamiento, tanto de la financiación de las inversiones como del circulante, consumieron recursos que no se vieron restituidos en la medida suficiente por parte las cooperativas socias, ni mediante aportaciones de capital, ni de financiación aprobadas. La asfixia, por tanto, era total.

No es de extrañar, por otro lado, que ante esta situación algunas de las cooperativas socias decidieran emprender un rumbo nuevo, aunque la ley aragonesa de cooperativas obliga a sus miembros a efectuar el desembolso de las aportaciones comprometidas. Este hecho, precisamente, llevó a que Arento denunciase e su día a varias cooperativas pero no a todas las que dejaron el proyecto. Se trata de las de Quinto y Gelsa, Biota, Sofuentes y Leciñena con las que hay procesos judiciales abiertos.

Estado de la contabilidad

El informe del administrador concursal también incide en la situación contable del grupo y alude a «prácticas contables de dudosa legalidad» que suponían incrementos ficticios del activo que supusieron ajustes contables por valor de casi 12 millones de euros en las sociedades Arento grupo cooperativo, Arento Industrias Cárnicas y Nutrigal. También, como ya adelantó este diario en su edición del pasado 14 de febrero, se produjeron «facturaciones entre empresas del grupo de bienes y servicios de forma discrecional con cuantías elevadas de deuda que fueron registradas contra reservas». En definitiva, concluye la administración concursal: «el estado de la contabilidad y la formulación de las cuentas identifican situaciones que no contribuyeron a mostrar por parte de las diferentes sociedades la realidad de la situación financera y patrimonial». Mientras, algunas cooperativas tratan de sobrevivir y buscan soluciones para poder comercializar sus productos.