El convenio urbanístico de planeamiento para construir 166 viviendas en los antiguos suelos de la central hidroeléctrica de Sallent de Gállego ya está en marcha. Tras su publicación, ayer, en el Boletín Oficial de la Provincia de Huesca (BOPH), empieza a correr el reloj para los promotores de esta iniciativa privada en la que el municipio tiene un papel decisivo, al tener que modificar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para dar cabida a usos residenciales en los terrenos dedicados hace años a la actividad industrial, para acoger una densidad de 75 pisos por hectárea.

La operación lleva fraguándose desde el 2012 pero ahora al menos tiene unas condiciones económicas muy definidas que, sin embargo, han derivado en fuertes críticas y discrepancias dentro y fuera de la corporación. Y no por darle vida a este espacio degradado del municipio, ubicado al suroeste del casco antiguo, entre la carretera de acceso al mismo desde la A-136 y el río Aguas Limpias al este, sino por dar luz verde a este número de viviendas en una recalificación sobre unos 22.597 metros cuadrados que arrastra una importante polémica. Política y con Acciona, que también puso reparos porque en este terreno se ubica el edificio de la central hidroeléctrica que ahora es propiedad suya, además de una subestación eléctrica, y otras instalaciones vinculadas en su día al uso de la Central (oficinas, almacenes y viviendas para los empleados, en algunos casos desocupadas). Aunque el problema son las viviendas, que sean tantas y según si se ve como regeneración o especulación.

«Mucha gente entiende que esta zona está deteriorada, y estamos de acuerdo en que todos nos sentiríamos más a gusto con que fueran 50 y no 166 viviendas, pero los números no salen si pedimos a cambio es una aparcamiento que costará 800.000 euros y el soterramiento de los vanos de la línea de alta tensión, que valdrán otros 1,5 millones», explicó a este diario el alcalde, Jesús Gericó. Suya es la firma que aparece en ese convenio con Enel Green y defiende la oportunidad de obtener «16 viviendas VPO» correspondientes a la cesión al consistorio del 10% del aprovechamiento que marca la ley. Estas, sumadas a las 20 que quieren construir como consistorio, supone una ocasión de oro para la población que busca adquirir una en el municipio «con el precio más caro de todo Aragón y con el alquiler más elevado».

Con todo, Gericó sospecha que la idea de Enel es vender la propiedad, no construir, de manera que ese convenio también se ha asegurado de que, en este escenario, el propietario dispondría de solo un mes para empezar las obras. Mientras, la localidad ahora solo debe plantearse el diseño que quiere para el espacio público que sacará de este convenio urbanístico. Para ello, se marca un plazo de tres meses para que el ayuntamiento contacte con tres despachos de arquitectos y estos ofrezcan propuestas alternativas que los vecinos puedan votarlas, ya en el 2021.

Pero aún quedan pasos por dar antes de iniciarse los trabajos. El principal, que sea la DGA la que dé el visto bueno a lo que se plantea en Sallent. «Estamos en las manos del Gobierno de Aragón», asegura el primer edil, ya que este asunto caerá de nuevo en las competencias de CHA en el Gobierno cuatripartito del Pignatelli. Un pronunciamiento obligado que viene precedido por el recurso que ya ha presentado el exalcalde socialista de la localidad, José Luis Sánchez, contra el actual convenio. Una oposición a la que ahora parece sumarse más gente. «Esta modificación del PGOU_obtuvo una aprobación inicial unánime y ahora en la definitiva se pone en duda», lamenta Gericó. Pero advierte: «Cuando se habla de irregularidades hay que tener un poco más de cuidado».

Críticas a las que se suman, desde otros ámbitos, quienes aseguran que esta intervención está relacionada con los planes de Aramón para la estación de Formigal y su expansión futura. Que surja casi al mismo tiempo que se desatasca la ampliación de Cerler por Castanesa solo alimenta estas dudas. Pero para Gericó solo es pura «coincidencia en el tiempo». «No tiene nada que ver con los planes de Aramón», asevera el alcalde, quien recuerda que este acuerdo se inició en el 2012 y «ha llovido mucho desde entonces».

Desde el sentimiento ecologistas se considera que esta recalificación a la carta en Sallent podría suponer un aumento innecesario en la presión urbanística que sufre el Pirineo. En la comarca del Alto Gállego varias expansiones asociadas al ladrillo ya se vieron en su día envueltas en la polémica, sobre todo amparadas por el interés turístico de una zona en la que se encuentra una estación de esquí y se celebra uno de los festivales de verano con más afluencia de Aragón. En el caso de las urbanizaciones cercanas a Formigal se desestimaron por la inestabilidad de los terrenos. El divulgador ambiental Paco Iturbe lamentó en particular que el plan urbanístico de la localidad se esté diseñando «en función de las necesidades de un propietario» en lugar de atender «al interés general» como sería ideal.