La Administración descarta concesiones a los sindicatos en la integración del Consorcio Aragonés Sanitario de Alta Resolución (CASAR) en el Salud. Así lo transmitieron ayer fuentes del Departamento de Sanidad a los representantes de los trabajadores en la mesa de negociación celebrada ayer previa a la aprobación del texto, próximamente, en el Consejo de Gobierno.
El Salud considera que la fórmula elegida para la integración es "la más justa" pese a que cuenta con un fuerte rechazo sindical, encabezado por el sindicato médico Cemsatse, que, junto a CSIF, han presentado alegaciones. "Les hemos dado tiempo para que propongan cosas y creemos que la propuesta es justa porque no se despide a nadie y todo el mundo va a entrar en el Salud tal y como está ahora en el CASAR y a nadie se le va a reducir el salario ni cambiará de trabajo", indicaron fuentes de la consejería.
Las críticas sindicales se centran en el paso al Salud de trabajadores del hospital de Jaca, que, junto a los de Fraga, Ejea y Tarazona conforman el consorcio. Decenas de ellos accedieron al centro a través de una oposición al ayuntamiento o cuando se formalizó la integración en el consorcio, pero no se incorporará como personal estatutario fijo ya que la Administración esgrime que no han realizado oposiciones al Salud. "El CASAR nunca fue una empresa pública y aquéllos que dijeron a estos trabajadores que haciendo un examen iban a ser funcionarios públicos cuando se produjera la integración faltaron a la verdad porque nunca se les dijo que fuera así desde el Gobierno", añadieron las fuentes del Ejecutivo.
Pero los sindicatos no tiran la toalla. Es el caso de Cemsatse, que ya ha mantenido reuniones con grupos parlamentarios y ha solicitado un encuentro con el consejero Ricardo Oliván. CSIF, por su parte, acusó a la DGA de "pretende culpar a los sindicatos de sus fallos en la integración del CASAR en el Salud" y de convertir la mesa de negociación en "una farsa" en la que "ni ha valorado las alegaciones presentadas en tiempo y forma. Eso sí, ha dado la negociación por celebrada", lamentaron desde el colectivo, que reclamó un plan de empleo para los interinos procedentes del CASAR --personal laboral temporal--, que contemple que, en los casos de una antigüedad acreditada superior a doce años, puedan conservar sus plazas durante cinco años.
UGT también reclamó un plan de empleo y alertó de la "inseguridad jurídica" de la ley y pidió "respeto" para todos los trabajadores que pasaron un proceso selectivo de oposición".
