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POLÍTICA SANITARIA

El Salud ha indemnizado por las jubilaciones forzosas a 32 médicos

Hasta ahora se han dictado 170 sentencias, pero solo 150 son firmes. El desembolso de la DGA será de más de 10 millones y no 32 como se había previsto

 

La consejera de Sanidad, Pilar Ventura, durante un pleno en las Cortes. - EL PERIÓDICO

A. LAHOZ
04/11/2019

El Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón ha indemnizado por las jubilaciones forzosas a 32 médicos de la comunidad que recurrieron esta medida después de que, en julio del 2018, el Tribunal Supremo declarara nulas estas jubilaciones. Esta situación obliga desde entonces a la DGA a resarcir económicamente los pagos a todos aquellos médicos denunciantes. Según detalló la semana pasada en el pleno de las Cortes la consejera de Sanidad, Pilar Ventura, se han dictado 170 sentencias, «de las que 150 son firmes», dijo. «Haremos frente a las resoluciones judiciales», reiteró Ventura.

Asimismo, confirmó que había ya 32 notificaciones a médicos que se encontraban en su correspondiente tramitación administrativa de pago. La situación que afronta el Ejecutivo de Lambán se remonta a finales de julio del 2013, cuando la DGA, dirigida entonces por el Gobierno de Rudi, impuso a médicos del Servicio Aragonés de Salud la jubilación forzosa a los 65 años y no permitió la prórroga de su vida laboral hasta los 70 años. Seis años después, Sanidad se enfrenta a una situación complicada tras el varapalo judicial que dictó el Supremo el año pasado, aunque el desembolso inicial cuantificado de unos 32 millones de euros se ha logrado reducir. «Ahora estará entre 12 y 15 millones de euros que, aún así, sigue siendo elevadísima», señaló Ventura en su intervención.

La disminución de la cantidad a pagar se ha realizado tras un estudio «individualizado» de cada sentencia. Dado que no son homogéneas y cada una tiene unas características diferentes, al aplicar diferentes criterios de valoración se ha logrado rebajar considerable el pago.
Respecto al proceso de indemnización, el pago consiste en compensar por el dinero que los médicos dejaron de percibir tras su jubilación forzosa, sumado entre la pensión y lo que hubieran ganado en su puesto del Salud hasta cumplir 70 años. La medida del 2013 se aplicó a los empleados públicos al completo, pero los médicos fueron los más afectados. De hecho, una de las consecuencias fue la pérdida de profesionales y la carencia de médicos en gran parte del territorio. «Acataremos todas las sentencias que vengan en el futuro y que serán de un pasado. No debemos olvidar el origen de esta situación», señaló Ventura en referencia al peaje del PP que está pagando ahora el Salud.

«La incidencia fue tan negativa que se redujeron las plantillas y generó un contexto de falta de sanitarios», dijo Ventura, que recordó que en la pasada legislatura la DGA ya acordó la prolongación de la vida laboral médica y más de 120 profesionales ya se han acogido.
Cuando el PP tomó la decisión de las jubilaciones forzosas su objetivo era ahorrar y racionalizar la estructura de las plantillas. Los sindicatos pidieron reponer las plazas que quedaron libres y recurrir a la bolsa, pero la situación no se dio y Aragón se ha convertido en una de las comunidades con más carencia de médicos.

Cada caso se estudia de manera pormenorizada

Para proceder a la indemnización de los médicos jubilados forzosamente que lo hayan solicitado, el Salud realiza un estudio pormenorizado de casa caso. Tal y como explicó la consejera de Sanidad, Pilar Ventura, durante su intervención en el pleno tras una pregunta de Susana Gaspar (Ciudadanos) sobre este tema, se solicita al afectado «una declaración» de todas sus actividades desde que se jubiló.

«Conforme las sentencias son firmes pedimos informaciones para ver que esta persona no ha ejercido en la privada tras su jubilación, un certificado de pensiones de jubilación y también se pide al sector sanitario el cálculo de la cantidad que hubiera podido percibir de haber continuado trabajando», dijo Ventura en su respuesta. «También se revisan los cuadros médicos de las compañías privadas más significativas para comprobar que no figura en ellas. No debemos indemnizar por aquella actividad que ya les ha sido retribuida», indicó. 

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