El Salud dice estar quitando prótesis ortopédicas inseguras que garantiza no haber puesto. Corresponderían a la marca Traiber, cuyos aparatos fueron retirados del mercado a finales del año pasado por la Agencia Nacional del Medicamento tras detectar importantes deficiencias en el sistema de calidad.

Fuentes de la Administración sanitaria subrayaron ayer que los hospitales públicos de la comunidad ya han retirado y cambiado alguno de estos aparatos para rodilla o cadera a petición de los pacientes, pero niega que ninguno de ellos los hubiera aplicado y asevera que solo se utilizaron en centros privados.

"Son pocas, pero estamos quitando prótesis de esa marca con la que, con seguridad, nunca se ha trabajado en la sanidad pública", indicaron fuentes del Salud.

Cientos de aragoneses podrían llevar estos aparatos polémicos. Pero las autoridades sanitarias niegan su utilización y, de hecho, resaltan que el Salud utiliza su propia marca de prótesis en las operaciones que deriva ahora a la privada correspondientes al plan de choque destinado a atajar la lista de espera.

SEGURIDAD

Sanidad publicó, el pasado mes de noviembre, una alerta del Ministerio de Sanidad en la que se prohibía la instalación de más prótesis de esta firma catalana Traiber tras hallar deficiencias en el sistema de calidad de la empresa y que se desgastarían antes de lo previsto.

Esta misma semana, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha asegurado que hasta el momento solo ha recibido una notificación de incidente adverso relacionado con las prótesis ortopédicas de la empresa Traiber, por lo que considera que "no hay un problema de seguridad".

En declaraciones a Efe, la directora de la Aemps, Belén Crespo, afirmó que hay un seguimiento de los hospitales y profesionales sanitarios a 5.968 pacientes a los que se les han implantado estas prótesis, que se encuentran en el centro de un caso bajo investigación judicial.

Crespo explicó que las actuaciones de la agencia comenzaron el pasado mes de septiembre cuando tuvo conocimiento de la primera denuncia sobre este caso. Cuando lanzó la alerta sanitaria, también pidió a los centros sanitarios que identificaran a los pacientes portadores de las prótesis y realizaran un seguimiento, como es habitual, a las personas que las llevaran implantadas en cadera, rodilla y columna a los tres, seis y doce meses desde la implantación.

Destacaba "graves infracciones" de la legislación de productos sanitarios al estar fabricados sin la preceptiva licencia sanitaria y estar comercializando productos que no se encontraban amparados por el certificado de conformidad de la Comunidad Europea, lo que suponía "un riesgo grave para la salud de los pacientes".