El Servicio Aragonés de Salud (Salud) ordenó el pasado sábado por la noche, la retirada, de forma preventiva, de 17.000 mascarillas tipo FPP2, de la marca Sinpul KN95, por una alerta emitida por Dinamarca. El departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón confirmó ayer que esas 17.000 mascarillas se habían repartido en diferentes centros sanitarios de todo Aragón, como el hospital San Jorge de Huesca, el hospital Clínico de Zaragoza y en el servicio de urgencias y emergencias sanitarias 061.

Según confirmaron estas mismas fuentes, en estos momentos, todavía se está recopilando información de todos los lugares a donde se había enviado el material, a priori, defectuoso o etiquetado con un nivel de protección que no se correspondería con el real. El Ejecutivo autonómico incidió en que se trata de una retirada «preventiva», a la espera de comprobar si su nivel de efectividad corresponde a la protección que indica su certificación. Con ese objetivo, se van a mandar al Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo para que lo determinen.

Desde el Partido Popular denunciaron la retirada de estas mascarillas y pidieron a la consejera de Sanidad, Pilar Ventura, que «asuma responsabilidades» por un «nuevo error tras una larga lista de fallos que no hacen sino dejar constancia de que los profesionales sanitarios no se encuentran dirigidos por la persona más adecuada».

Los populares denuncian que el Salud realizó el aviso telefónico para su retirada y para que fueran sustituidas por «2 o 3 mascarillas quirúrgicas», según afirmaron «algunos de los profesionales que recibieron comunicación de esta incidencia y de la necesidad de dejar de utilizar ese material inapropiado para la protección de los sanitarios».

La portavoz de Sanidad del Partido Popular en las Cortes de Aragón, Ana Marín, recalcó que «el único estímulo que debe tener la consejera Ventura es dotar del material de protección adecuado a los profesionales sanitarios, en lugar de realizar declaraciones absolutamente impresentables que lo único que han conseguido es enfadar con toda la razón a los profesionales y dar evidencias a la sociedad aragonesa de su nula capacidad para afrontar una crisis sanitaria como la que estamos viviendo».