El Salud tuvo en el año 2017 facturas pendientes de imputar a su presupuesto por valor de 37 millones de euros. Así lo determina el informe de fiscalización que ha elaborado la Cámara de Cuentas sobre las cifras del Sistema Aragonés de Salud durante este ejercicio, un documento en el que este órgano de control señala «la insuficiencia del presupuesto para cubrir las necesidades reales del Salud». No obstante, aunque destaca este incumplimiento de legalidad, también recalca que en el 2017 la diferencia entre el plan económico y el gasto real se redujo, lo que se traduce en que estas cuentas han supuesto un avance en ese sentido.
Este no es el único punto que critica el informe, sino que también destaca la falta de coordinación entre los sectores sanitarios de la comunidad y los incumplimientos del procedimiento de contratación y de las normas de transparencia. Sobre el primero de estos puntos, señala que este defecto se traduce en la falta de un inventario único, diferentes criterios de gestión de las existencias de farmacia y distintas tarifas para los mismos servicios sanitarios.
TRANSPARENCIA
En lo relativo a la contratación, la Cámara de Cuentas destaca que el Salud contrató 182 millones de euros en productos de farmacia hospitalaria y 16,6 millones en implantes «sin procedimiento alguno». Además, y acerca del último de estos tres aspectos, el órgano auditor incide en la «falta de publicidad» en el procedimiento de contratación y la información incompleta del portal de Transparencia.
Detalla que hasta el 2018 el sistema sanitario aragonés no publicaba sus licitaciones y adjudicaciones en la plataforma de contratación del sector público, lo que contraviene la Ley de Contratos. También evidencian que 22 expedientes de contratación, por un importe de 17 millones de euros, no se encuentran publicados en el portal de transparencia. Al respecto, fuentes del Ejecutivo autonómico señalaron que el Salud «comunica trimestralmente la contratación realizada, incluidos los contratos menores superiores a 3.000 euros».
Las mismas fuentes alegaron que siempre se ha cumplido «con el principio de publicidad mediante la publicación en el perfil de contratante y en la plataforma de contratación del sector público, desde la entrada en vigor de la Ley de Contratos el 8 de marzo de 2018». Sobre las facturas pendientes de imputar, indicaron que su existencia «se corresponde con lo que se podría considerar como deuda técnica, consecuencia del cierre del ejercicio».
En cuanto a las contrataciones sin procedimiento, señalaron que se está corrigiendo su ausencia y destacaron que durante el 2019 se ha licitado la adquisición de especialidades farmacéuticas con un valor estimado de 920.258.000 euros, lo que supone «regularizar la contratación» de estas, además de continuar en esta línea con otras que hasta ahora se adquirían sin procedimiento.
