Los ayuntamientos siguen pidiendo a gritos ayuda. Con unas arcas públicas muy mermadas en la mayoría de los municipios, llevan semanas reclamando al Gobierno de Pedro Sánchez dos cosas: apoyo económico para hacer frente a los gastos extraordinarios que esta provocando la crisis sanitaria del coronavirus y la posibilidad de utilizar el superávit generado, del que no todos pueden presumir. En Aragón esto se traduciría en 700 millones, que se liberarían para poder ser utilizados.

Hacienda ha remitido a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) una propuesta para que los entes locales con superávit le presten sus ahorros devolvérselos en forma de ingresos no financieros y que así puedan invertirlos en cuestiones relativas a agenda urbana, vivienda y cultura. Una iniciativa que rechazan desde el Ayuntamiento de Zaragoza, sin ahorros.

La duda está, según explicó la concejala de Hacienda de Zaragoza, María Navarro, en si permitirán que los ayuntamientos puedan destinar su remanente según sus necesidades y si también deberán prestárselo al Estado aunque, según la propuesta, se trataría de una decisión voluntaria. «Esto es vergonzoso, que penalicen a los consistorio por tener ahorros por su buena gestión», aseguró Navarro, que declaró que han solicitado que aclaren cómo puede afectar esta medida al remanente de tesorería porque, según dijo, «el consistorio tendría que cerrar». En el caso de la capital aragonesa, sin ahorros desde hace años, cuentan con 40 millones de remanente.

La FEMP, con Zaragoza a la cabeza, insiste en la necesidad de que el Estado les de un respiro y apruebe un plan dé fondos de 5.000 millones para hacer frente a los gatos extraordinarios originados por el covid y otro de 1.000 para las pérdidas que se han generado en el transporte urbano, además de flexibilizar la normativa y el destino del remanente de tesorería, que ahora solo puede utilizarse para hacer frente al pago de proveedores, por culpa de una ley aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy.

Luis Zubieta, el alcalde de Zuera y miembro de comisión Ejecutiva de la FEMP, explicó que el Gobierno no ha escuchado las peticiones de la federación y la propuesta de que puedan utilizar parte de su superávit durante el 2020 y el 2021 y que ascendería a 5.000 millones a nivel nacional, de los que 2.000 se liberarían este año y 3.000 el próximo, cantidad que no se sumaría al déficit de los entes locales.

Los ayuntamientos no podrán gastarse este dinero libremente, criticó Zubieta, ya que el Estado propone que se destine a tres áreas. Por un lado a la llamada Agenda Urbana Española y Movilidad Sostenible, incrementando la oferta de vivienda de alquiler, fomentando los plantes de rehabilitación, peatonalizaciones o creación de carriles bici. En segundo lugar, se encontraría el sistema de cuidado de proximidad, y que busca que se mejoren los programas de los mayores y dependientes, así como los servicios de teleasistencia o ayuda a domicilio. La cultura coparía el último bloque y lo que pretende en este caso el Estado es que se apoye la programación cultural en un momento de debilidad del sector, que se cree una red de infraestructuras culturales o la actualización digital de todas las instituciones culturales.

Navarro apuntó que deberían ser los propios ayuntamientos los que decidiesen el destino según las necesidades.