El Consejo de Ministros acordó ayer que ha llegado el momento de que el presidente Pedro Sánchez presente el recurso de inconstitucionalidad contra la ley de capitalidad de Zaragoza aprobada por el Gobierno aragonés, con el apoyo de los grupos de la izquierda en las Cortes, en el 2016. Una decisión política surgida tras el informe del Consejo de Estado que condenaba de forma oficiosa al articulo 14.1 del texto a un litigio en el Tribunal Constitucional, y que pone en jaque a otro Gobierno, el de Zaragoza en Común (ZeC) que dirige el alcalde de la capital, Pedro Santisteve, que se encamina a un callejón de difícil salida. No tanto porque el Ejecutivo central haya decidido dar el paso sino porque esta es la parte del articulado que le permitió el pasado 9 de febrero dar un golpe de mano en las sociedades municipales y expulsar a toda la oposición de la toma de decisiones.

Ahora todo dependerá de si el socialista Pedro Sánchez pide en su recurso, expresamente, la suspensión cautelar de ese artículo o de si los magistrados lo hacen de oficio. Para que se produzca lo primero, bastaría con que el presidente invocara el artículo 161.2 de la Constitución en la presentación del recurso. Y que el tribunal lo acepte, una vez presentado, en el plazo de 10 días. O entienda, si no se pide que la naturaleza de lo que está en cuestión obliga a tomar todas las cautelas posibles.

Ambas variables siguen abiertas porque la única información conocida ayer por la DGA era el epígrafe del listado de acuerdos del Consejo de Ministros en los que se incluía autorizar a Sánchez a interponer el recurso de inconstitucionalidad. Un texto en el que se ponía el foco exclusivamente en ese artículo de la ley de capitalidad, el 14.1, sobre el que ya se había pronunciado el Ejecutivo autonómico que dirige el también socialista Javier Lambán y que ayer su consejero de Presidencia, Vicente Guillén, se ratificaba. Porque insistió, en declaraciones a este diario, que «no nos había gustado» la interpretación y utilización que ha hecho ZeC del mismo para tomar el control de las sociedades municipales invocándolo incumpliendo otros acuerdos con la oposición del inicio de legislatura.

NO DESAUTORIZA A LA DGA // Por eso, Guillén valoró que «desde el Gobierno de Aragón siempre hemos defendido la constitucionalidad de la ley de capitalidad» y culpó de lo acordado en el Consejo de Ministros al PP del Gobierno de Mariano Rajoy, que «encargó un dictamen del Consejo de Estado que aportaba motivos fundamentales para recurrir el artículo 14». «Eso es lo que conlleva la autorización de ahora al presidente para presentarlo», expuso, para defender que Sánchez no ha tenido apenas margen de maniobra. «El Gobierno central ha hecho lo que cualquiera haría con un dictamen como ese», añadió.

En este sentido, Guillén descartó que esta decisión del Consejo de Ministros se pueda interpretar ahora como un revés de Pedro Sánchez a un documento que la DGA, previa negociación con los grupos de la izquierda en las Cortes, sale de la mesa del Ejecutivo autonómico de PSOE y CHA.

No se trata, en su opinión, de que un Gobierno socialista, el central, desautorice a otro, el aragonés. «El Gobierno de España defiende la legalidad y constitucionalidad ante lo que haga cualquier Ejecutivo y eso no implica que otro entienda que no está vulnerando la Constitución. Es la normalidad democrática y es bueno que en la defensa de la legalidad no se mire el color político de quien lo propone. La separación de poderes existe», argumentó Guillén.