Sanción por verter aguas residuales al Ebro en el 2015

El consistorio también fue multado por este motivo, como responsable último, pero por la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) y con 60.000 euros. Al recibir la noticiación del organismo de cuenta, el ayuntamiento impuso otra de 278.000 euros a la contrata.

Según explicó ayer el concejal de Servicios Públicos, Alberto Cubero, la empresa recurrió y alegó que se habían desarrollado «circunstancias imprevisibles», como las dos riadas sucesivas que se produjeron a principios de año y que causaron graves daños. También consideró que la sanción era «desproporcionada» si se comparaba con la que la CHE había impuesto al ayuntamiento. Por último, señalaba que el consistorio tenía la «responsabilidad» de mantener en buenas condiciones la instalación, algo que no sucedió, según admitió ayer el portavoz del Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC), Fernando Rivarés.

Cubero explicó que en los años 2010 y 2011 el anterior Gobierno socialista dejó de pagar a la empresa los 20 millones anuales fijados por contrato. Tras las presiones y exigencias por parte de la contrata, alcanzó un acuerdo con el equipo de Gobierno de entonces por el que prorrogaba la explotación del 2018 al 2024, a cambio de realizar inversiones de mejora por valor de 4 millones.

Esta cuantía tenía que destinarse íntegramente al mantenimiento de las infraestructuras y, especialmente, a los decantadores secundarios por los que se vertió el agua al río.

Según explicó Cubero, la Justicia ha rebajado la sanción al considerar que el ayuntamiento es responsable de que la planta no esté en las mejores condiciones.

Rivarés apuntó que el Gobierno de Juan Alberto Belloch «infradotó» los servicios, como reveló la auditoría que realizó el Gobierno de Pedro Santisteve en su primer año de legislatura y que el estado de la depuradora de La Cartuja, por la falta de inversión, fue el motivo por el que ser vertió el agua.