El Gobierno de Aragón ha sancionado en los dos últimos años a cinco clínicas dentales de la comunidad como consecuencia de las 250 denuncias recibidas por parte de los usuarios. «Hay tanta diferencia entre denuncias y sanciones porque, básicamente, todas se centraban en las mismas cuestiones», matizó ayer la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto.

Además, se llevaron a cabo 4 inspecciones y las irregularidades detectadas se han remitido al Ministerio Fiscal. Entre los principales incumplimientos por parte de las clínicas dentales está la falta de información de los precios o incumplimientos las condiciones de calidad.

La DGA firmó ayer con el Justicia de Aragón, asociaciones de consumidores, odontólogos y farmacéuticos de la comunidad un convenio para defender los derechos de los usuarios.