El departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón analizará "caso a caso" la situación de los jóvenes aragoneses que soliciten el Ingreso Aragonés de Inserción (IAI) y que, con la reforma de la ley que actualmente se encuentra en tramitación parlamentaria, podría dejarles fuera de esta prestación social.

Así lo reconocieron ayer fuentes del departamento, que añadieron que para otorgarles la subvención se valorará si "corren riesgos de exclusión, tengan o no hijos a su cargo". El compromiso a revisar las condiciones de acceso al IAI llega tras las últimas conversaciones mantenidas con varias entidades sociales y, principalmente, con Cáritas Aragón. "Mejoraremos el IAI todo lo que haga falta para que llegue a quien más lo necesita. Las reuniones de trabajo han sido muy fructíferas desde hace tiempo para repasar la ley, su terminología, aclaraciones, definiciones y excepciones. Unas reuniones que estoy seguro harán mejorar la ley para ser enviada a las Cortes", afirmó ayer el consejero de Sanidad, Ricardo Oliván, en su visita a las distintas instalaciones de Cáritas en Monzón.

Según los datos facilitados ayer por la DGA, en el 2012 se aprobó un presupuesto de 20 millones para esta ayuda, mientras que en el 2013, ante la creciente demanda de la prestación, se alcanzarón un total 25 millones de euros. Para el 2014 se han destinado un total de 28 millones de euros.

Por su parte, Chunta Aragonesista volvió a solicitar ayer a Oliván la retirada del proyecto de reforma del IAI. "El consejero ha hecho unas declaraciones sobre la necesidad de repasar y mejorar la ley, así que no sabemos a qué está esperando para retirar el texto, que es lo que le llevamos pidiendo todo este tiempo", señaló la formación.

Mientras, desde Cáritas Diocesana, que ayer presentaba su balance del 2013, su director en Zaragoza, Jaime Sanaú, lamentó, sobre la concesión del IAI, que "la media está en cinco meses pero algunos casos pueden tardar más de ocho", cuando de las personas que atienden "el 70% podrían ser perceptores" de esta renta básica que es "un derecho que no está teniendo la tramitación que debería". "Lleva 20 años funcionando mal, pero ahora han aumentado las peticiones", añadió.