El Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón lleva semanas analizando el futuro del contrato del transporte sanitario urgente, que caduca en agosto del 2022. La propia consejera, Sira Repollés, se mostró ayer dispuesta a cambiar de modelo y a «estudiar mejoras» que incrementen la calidad del servicio prestado. Tal y como reconoció en la comisión de Sanidad, a preguntas de la diputada de Ciudadanos, Susana Gaspar, «estas semanas se están teniendo reuniones para explorar nuevas modalidades de gestión que contemplan parte de internalización». Sobre las reivindicaciones de los trabajadores de la contrata, Repollés aseguró que son «absolutamente legítimas», aunque insistió en que deben resolverlas «con la empresa adjudicataria».

La consejera aseguró que el actual contrato «presenta una serie de mejoras» respecto al anterior, «sobre todo en la transformación de 18 ambulancias convencionales en soporte vital avanzado». Entre otras cuestiones, detalló que «se han creado soportes vitales básicos en Utebo y en Zuera» y «se han mejorado las ambulancias convencionales de Calamocha».

Pero el estado de los vehículos fue, precisamente, uno de los argumentos de la diputada de la formación naranja para exigir del Gobierno una mayor implicación con este servicio y, sobre todo, en la elaboración de los futuros pliegos. «En Zaragoza capital hay siete vehículos de lunes a domingo, pero de ellos solo cuatro trabajan 24 horas», aseveró Gaspar. «El número de vehículos asignados a Zaragoza capital se mantiene estable desde el 2005, pero no el número de habitantes. Con estos datos, no se cumplen los ratios de la Organización Mundial de la Salud, que fija un vehículo por cada 25.000 habitantes, por lo que en Zaragoza deberíamos tener 27 ambulancias y no siete», insistió.

También el diputado de Izquierda Unida, Álvaro Sanz, reprochó a la consejera el estado de los vehículos. «¿De quién es responsabilidad tener vehículos con problemas mecánicos recurrentes y sin aire acondicionado? ¿Cómo se inspecciona esto? Usted tiene que hacer cumplir a la empresa y esta no está cumpliendo», incidió. En la misma línea, desde el PP, la diputada Ana Marín recordó a la consejera que «tiene todos los medios que el derecho pone a su alcance para hacer cumplir un contrato en el que había una serie de cuestiones que no se están cumpliendo».

Sin embargo, la consejera aseveró que la empresa adjudicataria no está incurriendo en incumplimientos graves que pudieran llevar a romper el contrato. «No hay ningún expediente sancionador a la unión temporal de empresas (UTE) que gestiona el servicio, y como Administración tenemos que basarnos en evidencias», indicó. De hecho, aunque Repollés manifestó que «sus reivindicaciones son absolutamente legítimas y legales», y «está en su derecho de exigir mejoras en el cumplimiento de sus contratos», añadió que «es un tema que tiene que dirimir la empresa adjudicataria» porque «si la Administración se involucrara, estaríamos incurriendo en un delito».

Otro de los asuntos de debate en la comisión fue la situación de las bases operativas donde se deben establecer las ambulancias. «El contrato señala que, en un plazo de seis meses, la empresa deberá contar con la totalidad de las bases operativas. Y no están todas en funcionamiento, ni en las condiciones necesarias para los trabajadores, puesto que no tienen ni duchas, ni lavabos», reprochó Gaspar. Repollés reconoció que «la falta de espacio» es uno de los motivos que dificulta el establecimiento de estas bases operativas, «que se ha empeorado por el covid».