El Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón estima en 30 millones de euros el coste de las retribución de las jubilaciones forzosas a los médicos aragoneses que han presentado recurso contra la medida.
Por ahora, en la consejería tienen constancia de 161 recursos interpuestos por los sanitarios, pero podrían ser más si los médicos han optado por hacerlo de forma individual y no a través de colectivos o sindicatos.
La situación preocupa en Sanidad, que debe afrontar un pago muy alto cuando se llega al fin del ejercicio presupuestario.
La situación se remonta a finales de julio del 2013, cuando la DGA, dirigida entonces por el Gobierno de Rudi, impuso a médicos del Servicio Aragonés de Salud la jubilación forzosa a los 65 años y no permitió la prórroga de su vida laboral hasta los 70 años.
El pasado mes de julio, el Tribunal Supremo declaró nulas dos de las jubilaciones impuestas en Aragón y, por lo tanto, obligó a la DGA a resarcir económicamente los pagos a los médicos denunciantes. Estos tendrán que recibir el dinero desde el 2013 y hasta los 70 años.
En su momento, los sindicatos médicos y los sanitarios se mostraron muy en contra de la medida aprobada por el PP, pero además ya avisaron de que no tenía base legal y, por tanto, el Salud debería abonarles.
Cinco años después, Sanidad se enfrenta a una situación complicada tras el varapalo judicial y con un posible desembolso cuantificado hasta el momento en 30 millones de euros.
Falta de profesionales / El pago consiste en compensar por el dinero que los médicos dejaron de percibir, sumado entre la pensión y lo que hubieran ganado en su puesto del Salud hasta cumplir 70 años. La medida del 2013 se aplicó a los empleados públicos al completo, pero los médicos fueron los más afectados. De hecho, una de las consecuencias fue la pérdida de profesionales y la carencia de médicos en gran parte del territorio.
El objetivo del PP fue ahorrar y racionalizar la estructura de las plantillas. Los sindicatos pidieron reponer las plazas que quedaron por las jubilaciones forzosas y recurrir a la bolsa para recurrir puestos.
La situación no se dio y Aragón se ha convertido en una de las comunidades españolas con más carencia de médicos, especialmente en el medio rural.
El actual Gobierno autorizó en el 2016 a los profesionales de seis especialidades que pudieran trabajar hasta los 67 años, algo que, un año después, a finales del 2017, prolongó a todas las demás áreas.
