El Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón también recurrió el año pasado a la clínica Actur, a la que viene derivando los abortos desde hace varios años, para reducir lista de espera, principalmente, para realizar operaciones de cataratas. El Salud pudo abonar una cantidad aproximada de 600.000 euros al centro privado dentro del plan de choque del 2013.

Según fuentes consultadas por este diario, la mayor parte de las operaciones en este centro el año pasado fueron de oftalmología --cataratas--, a pesar de que esta especialidad no consta entre las principales disciplinas que se realizan, como Ginecología, Urología o Traumatología. Precisamente, Actur también habría acogido intervenciones de esta última especialidad dentro del lote completo de derivaciones.

Desde la clínica garantizaron su "absoluta autorización" para llevar a cabo estos procesos, pese a las dudas y el recelo de algunas fuentes sanitarias. "Somos un centro que hace cirugía mayor ambulatoria y hemos operado tanto en Trauma como de Oftalmología, pero es algo que no solo hicimos el pasado mes de junio, sino que también hace cuatro o cinco años", aseguraron desde la clínica, donde subrayaron que "lo que podemos hacer es operaciones que no conlleven pernoctar más de 24 horas y esto se ajusta a esta normativa, además de haber pasado toda inspección tras habernos presentado una vez leídos los pliegos de las concertaciones".

La DGA y la clínica Actur, junto a la de Almozara, firmaron con el Ejecutivo autonómico en el 2010 un contrato marco de Gestión de Servicios Públicos para la cobertura de la prestación de asistencia sanitaria en varios procedimientos quirúrgicos, entre los que se incluyó la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) "aunque llevamos colaborando desde el año 96 o 97", aseguraron desde la clínica.

DESDE EL 2010 El documento, rubricado el 25 de junio del 2010 por la entonces consejera Luisa María Noeno, y Miguel Montejo Bombín, en representación de la unión temporal de empresas (UTE) formada por Instituto Médico Asistencial y Unidad Aragonesa de Salud, razón social de la clínica Actur, incluía la derivación de operaciones debían "en función de las necesidades de la Administración mediante procedimientos negociados", lo que obligaba a elaborar expedientes de adjudicación para cada procedimiento, entre los que, además de abortos, figuraban operaciones urológicas o traumatológicas.

En verano del 2012, las dos clínicas, que hicieron efectivo ese año dos expedientes de regulación de empleo (ERE) que redujeron la jornada laboral a la plantilla, dejaron de prestar el servicio público de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) como medida de protesta ante la deuda de un millón de euros pendiente de pagar por el Salud. Semanas después, ambas partes volvieron a encontrarse previo pago de la mitad de la deuda.

Por otra parte, Sanidad pretende aplicar una rebaja del 20% respecto al 2013 en la tarifa de la concertación con las clínicas privadas en la nueva fase del plan de choque destinado a paliar la lista de espera quirúrgica que se pondrá en marcha el próximo mes de febrero. De momento, el Salud y los centros ya han comenzado el proceso negociador, aunque la intención de aplicar esa reducción en la tarifa no ha gustado a más de uno.

En el nuevo acuerdo, la Administración tiene previsto invertir 1,8 millones de euros que se destinarían a derivar alrededor de 1.500 procesos quirúrgicos, entre los que se incluirían cataratas, juanetes, astroscospias o prótesis. La clínica Actur volverá a presentar una oferta, al igual que las clínicas privadas habituales --Quirón, Montpellier, Montecanal, MAZ o El Pilar.--.