El personal médico y de enfermería de Aragón propone que, ante el aumento detectado de las agresiones a estos profesionales, se apliquen multas de entre 500 y 30.000 euros a los atacantes. Con el fin de disuadir, desde el sindicato Cemsatse plantean al Gobierno de Aragón que ponga en marcha un proyecto en forma de decreto-ley en el que se tipifiquen como infracción administrativa grave las agresiones verbales (insultos) por los usuarios a los empleados públicos en los centros sanitarios público.
Así, añaden que sean consideradas como infracción administrativa muy grave las agresiones físicas o psicológicas a los sanitarios. Plantean sanciones con multas de entre 500 y 3000 euros y entre 3.000 y 30.000 euros, compatibles con la responsabilidad penal y civil que se puedan derivar de esto hechos (delitos de atentado a la autoridad, de daños o lesiones o coacción).
También los órganos colegiales de médicos, enfermería y odontología de Zaragoza hablaron de sanciones económicas a los agresores, especialmente a aquellos que sean reincidentes. La preocupación en el sector ha aumentado tras la agresión, hace una semana, a un médico del centro de salud Univérsitas, en el barrio de Delicias.
Allí, un anciano atacó a un facultativo con una navaja, provocándole lesiones. Precisamente, en este ambulatorio ya tuvo lugar el año pasado una agresión a una doctora cuando estaba visitando a un paciente en el domicilio.
Ayer, trabajadores, sanitarios y usuarios del centro salieron a la puerta para reclamar más seguridad y la contratación de un guardia. Consideran que, tras dos sucesos tan graves en el mismo centro de salud, se debe considerar a la instalación como una de las susceptibles a tener personal de seguridad, tal y como hay, por ejemplo, en Las Fuentes Norte.
Con carteles de #StopAgresiones, los empleados también mostraron algún otro donde decían que el Salud «no les cuida» y no cesarán en su protesta de los viernes hasta conseguir más medidas de seguridad.
GASTO
Por otro lado, la presidenta del Colegio de Médicos, Concha Ferrer, ya expresó el jueves que no quieren «criminalizar» los centros de salud, estableciendo en todos videovigilancia o guardias, pero sí solicitó a Sanidad que analice los centros con más agresiones o más problemáticos.
En este sentido, también apuntaron que, económicamente, disponer de personal de seguridad en todos los ambulatorios supondría un gasto inasumible y tampoco solicitan eso, pero sí «más guardias» de los que hay.
Se está a la espera, también, de la implantación de una herramienta informática en todas las consultas para poder avisar, mediante un clic, a los compañeros con un mensaje de alerta. Además, se prevé la implantación de un botón y un geolocalizador para el personal que visita domicilios de pacientes.
