El alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, reconoció ayer que el ayuntamiento no tiene «los suficientes servicios de inspección y control» para conocer el estado del arbolado y evitar la caída de ejemplares y ramas. El regidor hizo estas declaraciones un día después de que una acacia de gran porte se desplomara sobre un hombre de 72 años causándole diversas lesiones. Según Santisteve, este problema se evitaría con la municipalización.

Para el primer edil el servicio de Parques y Jardines, prestado por FCC, necesita «una vuelta y que se le meta mano en profundidad». Según explicó, en momentos de sequía como el actual, puede ocurrir que, cuando hay rachas de viento fuerte, se caigan ramas secas y controlarlo «exigiría estar muy encima». Para el alcalde, el consistorio no tiene «los suficientes servicios de inspección y control para asegurar que estas cosas no ocurran». El motivo, entre otras cosas, está relacionado con la pérdida de personal de los últimos años, añadió. «Si las contratas no lo cumplen -en referencia al control-habría que plantearse hacerlo entre pequeños colectivos, empresas sociales o bajo otras fórmulas», añadió.

Por su parte, el PP y el PSOE reclamaron al Gobierno de Zaragoza que intensifique las labores de mantenimiento y recriminaron al concejal responsable del mantenimiento de los parques y jardines, Alberto Cubero, que desoyera las advertencias de la jefatura de este servicio sobre las consecuencias que podía tener paralizar la poda de árboles de gran porte durante 6 meses.

INFORMES / El concejal tomó esta decisión, dijo, para «presionar» a la concesionaria que lo gestiona, FCC. La orden estuvo vigente desde el 14 de julio del 2016 hasta el 7 de diciembre del mismo año. Tanto el jefe de servicio como la titular de la Sección de Gestión de Arbolado manifestaron que no era aconsejable modificar la organización del trabajo ya que podía tener «consecuencias no deseadas» en materia de seguridad y control de riesgos así como un «empeoramiento de la situación actual».

Cubero aseguró que no ha tenido «ningún efecto» porque «las actuaciones de riesgo se están realizando». Explicó ayer que FCC tenía la obligación de presentar un inventario del arbolado, pero al no hacerlo optó por presionar a la contrata limitando su poda. Todo pese a existir un informe del 14 de junio --un mes antes de dar la orden- en el que se decía que se había superado el número de actuaciones recogidas en los pliegos. Por esas fechas, las brigadas de parques y jardines tenían pendientes 520 avisos de actuaciones urgentes.

El 29 de julio -15 días después de la orden- la jefa de la Sección de Gestión de Arbolado contabilizó la necesidad de trabajar sobre unos 23.000 árboles y calculó que solo se podría actuar sobre unos 6.000.

En dicho informe se apuntaba que «no sería justificable limitarse a la poda del 8% de los árboles». El 11 de agosto, el jefe del servicio, insistía en los riesgos y en los peligros.