El anuncio del recurso de inconstitucionalidad del Gobierno central al artículo de la ley de capitalidad que avaló para ZeC la expulsión de la oposición de la toma de decisiones de las sociedades municipales en Zaragoza abre la puerta a las «responsabilidades políticas y jurídicas» que puede tener. Pero existe una evidente discrepancia en los partidos políticos del ayuntamiento sobre el alcance posible de la hipotética suspensión. Dudas que alimentó ayer CHA al augurar que este revés podría dar marcha atrás a todas las decisiones que el Gobierno de Pedro Santisteve ha podido adoptar en solitario desde el pasado 9 de febrero. Aunque este se apresuró a valorar en su comunicado oficial que «todos ellos se presumen válidos y no se ven afectados».

Pero presumir evidencia que es solo su interpretación a algo que el portavoz nacionalista en el consistorio, Carmelo Asensio, cuestiona, ya que consideró este revés como «muy grave» precisamente por esto. Porque «ZeC tiene problemas muy serios» ahora, uno de carácter político por perder «toda la credibilidad en sus argumentos» para avalar su decisión del 9 de febrero, y «porque significa que todos los acuerdos de los consejos de administración no tienen validez». «Esto incluye el cese de gerentes y los contratos millonarios» que se han aprobado formalizar en estos seis meses, dijo, y que dejarían al ayuntamiento en una «situación muy compleja» en caso de que se confirmara la suspensión del artículo 14.1 de la ley de capitalidad. Por un recurso que «le deja sin argumentos» en su defensa de que el golpe dado a las sociedades se ajustaba a la legalidad.

El PSOE no hizo referencia a este posible efecto retroactivo de la decisión que puede adoptar en el futuro el Tribunal Constitucional y se refirió, como el PP, a las «responsabilidades políticas y jurídicas» que puede acabar teniendo el acuerdo de Gobierno del 9-F.

Más cauto, aunque en la misma línea que CHA, pareció apuntar Cs, que en boca de su portavoz, Sara Fernández, pidió a ZeC que encargue de inmediato un informe jurídico sobre los efectos que puede tener la posible suspensión cautelar del artículo. Sobre todo porque, para la formación naranja, las «reticencias» mostradas por el Gobierno de Santisteve apunta a que apurará todo lo posible a dar marcha atrás.