Las primeras reacciones en el Ayuntamiento de Zaragoza por parte de los grupos municipales a la decisión del Consejo de Ministros respecto al recurso de inconstitucionalidad de la ley de capitalidad de Zaragoza, conocida durante el mediodía, se fueron produciendo a lo largo de la tarde de ayer con todas las cautelas posibles. Todos los partidos están a la espera de conocer el texto que se publique en breve -es posible que hoy mismo- en el Boletín Oficial del estado (BOE) referido a este acuerdo y, sobre todo, saber si este conllevará la suspensión del artículo 14. Una incógnita a la que se acogió el Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) para no hacer declaraciones pero que la oposición aprovechó para exigirle nuevamente que rectifique de oficio.

La decisión ya suponía un varapalo, a nivel político, para el equipo del alcalde Pedro Santisteve, ya que pone en jaque su argumento por el que acordó el pasado 9 de febrero expulsar a toda la oposición de la toma de decisiones en las sociedades municipales. Pero rehusó comentarlo.

«Si se suspende, su decisión será ya ilegal, y el Consejo de Estado ya le estaba diciendo lo que iba a suceder. No tiene más salida que rectificar y cuanto más tarde, peor», valoró el portavoz socialista en el consistorio, Carlos Pérez Anadón, quien calificó de «penoso» el «manoseo» que Santisteve ha hecho de la ley, ya que «ha convertido una ilusión compartida en un pantano enfangado».

En su opinión, ZeC «ya ha recibido demasiadas luces en la misma dirección» y es el momento de dar marcha atrás «y que luego el Constitucional decida». «Ha quedado al descubierto que ha hecho una utilización torticera de la ley y la situación que se puede generar es endiablada», añadió.

«Era una medida previsible y ya le advertimos al alcalde que políticamente ni jurídicamente tenía justificación» la decisión del 9-F, apuntó su homólogo de CHA, Carmelo Asensio, para quien «ahora tampoco la tendrá» porque esta se convertirá en «ilegal» si la mantiene. «Ha quemado todos los cartuchos y aún hoy está a tiempo antes de que le obligue el Constitucional», apuntó.

Para el portavoz del PP, Jorge Azcón, será «clave» saber si Pedro Sánchez pide la supensión del artículo. «Si no lo ha hecho es una irresponsabilidad y si lo ha hecho es porque los servicios jurídicos del Estado han cumplido su papel», explicó. Políticamente, si el socialista no lo hace «será una cesión del PSOE a Podemos y a Santisteve» y si lo ha hecho «el alcalde tiene un serio problema». Pero considera «de ilusos» creer que ZeC rectificará de oficio.

«Ya dijimos que la pelota estaba en el tejado de Pedro Sánchez y el recurso es la opción lógica una vez conocido el dictamen del Consejo de Estado. Si este incluye la suspensión conllevaría el fin del asalto a los consejos de administración perpetrado por ZeC», valoró la portavoz municipal de Cs, Sara Fernández.