No existe responsabilidad civil ni penal en las actuaciones investigadas en la comisión de investigación de Ecociudad del alcalde, Pedro Santisteve, ni de los concejales de Zaragoza en Común (ZeC) Elena Artigas y Pablo Muñoz, como consejeros de la sociedad. Esta es la principal conclusión de dos informes, uno de la Secretaría General de pleno del Ayuntamiento de Zaragoza y otro la asesoría jurídica municipal, emitidos ayer y que despejan cualquier atisbo de duda sobre la judicialización del dictamen, aprobado el pasado día 7 por PP, PSOE, Ciudadanos y CHA.

Especialmente importante era el informe que firman hasta dos letrados de la asesoría jurídica, que no solo descarta el presunto delito societario que sobrevolaba sobre los tres, sino que desmonta todos y cada uno de los motivos que les podrían incriminar en algún delito civil o penal. Tampoco entiende que haya existido falta del deber general de diligencia.

Especial importancia tiene que el informe señale que las «discrepancias» con el gerente, Miguel Ángel Portero, se produjeron en el ejercicio de sus funciones. Y, sobre todo, ni el presunto acoso laboral que señalaba el dictamen; ni coacciones, ya que «debería haberse dado capacidad para doblegar la voluntad del sujeto afectado, lo que es obvio, no ha sucedido ni podemos percibir que hubiera podido suceder»; ni los supuestos delitos contra el honor, calumnias o injurias.

Respecto a que el alcalde acudiera a la Fiscalía apunta que «la denuncia que le llegó disponía de apariencia de verosimilitud» y, por tanto, fue correcta su actuación, así como el procedimiento de información reservada. «No tienen reproche penal», resume.

El secretario general del pleno, por su parte, avala la marcha de los tres del consejo de administración al entender que la designación de un miembro del mismo «es un derecho» y como tal es «renunciable». «No hay ninguna norma de rango legal que obligue a esa presencia», añade. Y ratifica que Santisteve puede presidir la «quien debe presidir la Junta General».