Si todavía quedaban dudas sobre cómo son las relaciones entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza, ayer el alcalde de la capital, Pedro Santisteve las despejó todas. Acusó al presidente aragonés, Javier Lambán, y a su consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, de faltar a la palabra dada, de romper un pacto político entre instituciones, de llegar a acuerdos y luego incumplirlos y luego mentir e insultar a los zaragozanos. Todo a propósito de la autoliquidación del convenio del tranvía, por 7,9 millones de euros, anunciada en el pleno de las Cortes la semana pasada, y de iniciar el cobro en la ciudad del Impuesto por la Contaminación de las Aguas (ICA). A ambos se opone él y su Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) y sin dar más detalles afirmó que no se quedará de brazos cruzados.

Santisteve explicó que no considera que ambos temas se hayan impulsado simultáneamente en Zaragoza de forma intencionada, porque ya hace tiempo que la DGA apuntaba que esto podía pasar. Pero tras la decisión adoptada, en su opinión, queda que «el problema es la deslealtad institucional» demostrada por Lambán, que ha conseguido que los ciudadanos entiendan que los pactos al más alto nivel también pueden ser papel mojado. «¿Para qué sirven? ¿Para terminar en la vía legal o fiscal y reinterpretarlos? Es muy poco serio», comentó.

En este sentido, el alcalde ve especialmente preocupante el papel de Gimeno en ambos casos. Él fue quien, como vicealcalde, cerró un acuerdo para que Zaragoza recibiera 4 millones de euros anuales en inversiones para el saneamiento cuando se fijó el cobro del ICA para el 2016, y ahora se recauda sin cupo alguno en el reparto de los ingresos para el territorio. Y, en el tranvía, él participó del convenio que obligaba a abonar a partes iguales 128 millones para las obras del tranvía y lo reclamó después a un Gobierno aragonés de Luisa Fernanda Rudi que, de forma unilateral, empezó a dejar de pagar. Y ahora el exvicealcalde es quien cierra una autoliquidación por 7,9 millones, no los casi 40 que Zaragoza reclama y que él mismo exigió en el ayuntamiento. «Se está cargando sus propios pactos políticos», lamentó, para recaudar del ICA «por imposición». «Tendrán que responder ante la sociedad civil de la capital. Había empezado con municipios más pequeños, ahora se ha topado con uno de los grandes», apuntó.

En el caso concreto del ICA, además, recordó que «ha tenido dos años para hacer una auditoría del Instituto Aragonés del Agua (IAA) que no ha hecho», para demostrar sus cuentas saneadas. Y confió que la futura Ley de Capitalidad «sirva para desatascar todo esto», pero que viendo cómo actúan, «hay que dejarlo por escrito» lo que se hable. Para que luego no se digan mentiras, o se reciban insultos «cuando no se tienen argumentos».